La mina operó sin Plan de Labores mientras se usaba el PIC para permitir la extracción de carbón
La mina de Cerredo operó sin un Plan de Labores en vigor, el documento esencial que regula cualquier explotación minera y fija las condiciones de seguridad y actividad. Este hecho, confirmado por fuentes conocedoras del caso, coloca bajo sospecha tanto a la empresa como a la Administración autonómica encargada de su control.
La revelación cobra aún más gravedad al cruzarse con el calendario de los acontecimientos. Antes del verano de 2022 se produjo un primer accidente mortal en la explotación, con un trabajador fallecido y otro gravemente herido. Pese a ese antecedente, en septiembre de ese mismo año —apenas unos meses después— el Ministerio para la Transición Ecológica anunció el inicio de la restauración ambiental de la mina, tal y como recoge la nota oficial fechada el 14 de septiembre de 2022.
Ese documento sitúa a Cerredo como uno de los grandes proyectos de recuperación ambiental en Asturias, con una superficie de 660 hectáreas y una inversión prevista de 27 millones de euros, financiados en gran parte con fondos europeos del Plan de Recuperación. La ejecución fue encargada a la empresa pública TRAGSA, dentro de una estrategia más amplia para rehabilitar espacios mineros degradados.
Sin embargo, en ese mismo periodo, la situación administrativa de la explotación distaba de estar regularizada. Según ha podido saber este diario, la mina carecía de Plan de Labores y, además, no contaba con autorización para la extracción de carbón, circunstancia que posteriormente fue objeto de sanción por parte del Principado. Esta carencia resulta especialmente relevante porque el propio uso del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) presupone la existencia de un marco técnico y operativo definido, lo que abre la puerta a una posible incompatibilidad entre ambas situaciones: la aplicación de un PIC en una explotación sin Plan de Labores.
A esta irregularidad se suma ahora el contenido del informe de la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias, un documento de más de 300 páginas que analiza la actuación del Servicio de Minas. El actual consejero de Industria, Borja Sánchez, ha explicado que dicho informe concluye que se utilizó la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para permitir la extracción de carbón sin aplicar la normativa correspondiente a explotaciones abocadas al cierre.
Según Sánchez, esta herramienta se empleó “como vía para eludir la aplicación del plan de cierre de la minería no competitiva en España y el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático”, que obliga a devolver ayudas públicas para poder mantener autorizaciones en este tipo de instalaciones. Aunque defendió que el PIC es una figura “legal”, también admitió que carece de una regulación clara, lo que ha facilitado su uso en contextos controvertidos.
La gestión política del caso también está en el foco. Meses después del accidente de 2022, el entonces consejero de Industria, Enrique Fernández, firmó resoluciones vinculadas a la concesión de ayudas públicas para la restauración de estos espacios, incluida la mina de Cerredo. Esta actuación se produjo cuando ya existía un precedente de siniestro mortal en la explotación.
La polémica se ha intensificado tras el segundo accidente, ocurrido en marzo de 2025, en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses. Este nuevo episodio ha reabierto el debate sobre la seguridad en las explotaciones mineras y el control ejercido por la Administración.
Queda además una incógnita clave que sobrevoló la jornada política de ayer: las razones de la dimisión de la ex consejera de Industria, Belarmina Díaz. Según ha podido saber este diario, su salida del Ejecutivo pilló por sorpresa al propio Gobierno del Principado. En las horas previas se produjeron una serie de llamadas por parte de la ya ex consejera, aunque ninguna de ellas fue dirigida de forma directa a miembros del Ejecutivo autonómico. Este movimiento inesperado añade más incertidumbre a una crisis en la que todavía quedan numerosas explicaciones pendientes.
Al mismo tiempo, se esperan las declaraciones del secretario del sindicato minero SOMA, José Luis Alperi, por las implicaciones políticas que podrían derivarse de la situación de los ex consejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí. Su posicionamiento podría introducir nuevos elementos en el debate público en un momento especialmente sensible para el Gobierno autonómico.
