La presidenta Nieves Roqueñí confía en que «el trabajo técnico y coordinado permita culminar el cierre definitivo del expediente en el menor plazo posible» para recibir los 49,5 millones de euros sin liquidar desde 2011
El miércoles tuvo lugar en Bruselas una reunión técnica entre representantes de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, del Ministerio de Economía y Hacienda, de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de Gijón, representada por su presidenta Nieves Roqueñí y su director José Luis Barettino. El objetivo era abordar la liquidación definitiva del proyecto de ampliación de El Musel y de la ayuda del Fondo de Cohesión asociada al mismo, cuyo saldo final pendiente de abono asciende a 49,5 millones de euros y se encuentra sin liquidar desde 2011. «La prioridad de la Autoridad Portuaria de Gijón es el desbloqueo definitivo del expediente europeo y el cobro íntegro del saldo final de la ayuda comunitaria», apuntaba Roqueñí, que aseguraba estar satisfecha por el desarrollo de la misma.
«Confiamos en que el trabajo técnico y coordinado permita culminar el cierre definitivo del expediente en el menor plazo posible, poniendo fin a una situación de incertidumbre prolongada y garantizando el reconocimiento pleno de los derechos económicos que legítimamente corresponden al Puerto de Gijón», declaraba tras el encuentro, el que, aseguran desde la Autoridad Portuaria, se constató que, a pesar de las resoluciones del Tribunal de Cuentas y, de manera especialmente relevante, de la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2023, no se había articulado hasta ese momento una actuación sostenida y eficaz orientada a exigir el cumplimiento de dichas resoluciones ni a trasladar su contenido a las instituciones europeas competentes. «Estas resoluciones judiciales confirmaron de forma inequívoca que el procedimiento de contratación, ejecución, modificación y liquidación de las obras de ampliación del Puerto de Gijón se desarrolló plenamente conforme a la legalidad vigente», añaden.
Señalan desde el Puerto que «pese a la claridad y contundencia de esta resolución judicial» del 2023 «su contenido no fue trasladado a las autoridades europeas hasta transcurridos más de ocho meses». Por eso, «ante esta situación, el nuevo equipo al frente del puerto ha impulsado una actuación coordinada del conjunto de la Administración del Reino de España, exigiendo una defensa activa y alineada en todas las instancias», y rechazaba una primera propuesta de la Comisión Europea, realizada en julio, por una cantidad menor a la exigida. La reunión celebrada ayer, solicitada formalmente por la Autoridad Portuaria de Gijón a través de los cauces oficiales del Reino de España y preparada de manera coordinada con el conjunto de las administraciones implicadas, «constituye un hito de especial relevancia. Se trata de la primera interlocución directa del Puerto de Gijón con la Comisión Europea en más de quince años para exponer, de forma ordenada y rigurosa, sus argumentos técnicos y jurídicos sobre la ejecución del proyecto».
Durante el encuentro de Bruselas «se puso de manifiesto que todas las incidencias surgidas a lo largo de la obra fueron resueltas de manera satisfactoria, permitiendo culminar una infraestructura de extraordinaria complejidad en un plazo especialmente reducido para un proyecto de esta envergadura». En la misma se acordó un intercambio de documentación adicional entre ambas partes —el Reino de España y la Comisión Europea— para aclarar determinados aspectos técnicos sobre los que aún subsisten dudas. «La Comisión Europea deberá pronunciarse sobre las cuestiones de fondo y de forma planteadas por la delegación española, entre ellas la prolongación injustificada del expediente durante más de quince años, una circunstancia que podría vulnerar los principios de buena administración recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», explica la Autoridad Portuaria.
