El lanzamiento pone fin a un conflicto judicial que ha bloqueado la segunda fase del proyecto San Lorenzo 20, con medio centenar de viviendas previstas en la zona
Este jueves, tras años de litigios, se ha procedido al desahucio del ocupante del chalé situado en la zona cercana al Rick’s Café, donde se desarrolla el ámbito urbanístico del PERI-11. Han sido más de cuatro años de procesos judiciales que han condicionado la ejecución de la segunda fase del proyecto residencial San Lorenzo 20, promovido por Avintia Inmobiliaria, tal y como ha señalado la empresa en una nota de prensa. La compañía ha confirmado este jueves que el lanzamiento del inmueble se ha ejecutado tras obtener sentencia favorable en todas las instancias judiciales, poniendo fin a una situación que, según la promotora, ha impedido el desarrollo de cerca de medio centenar de viviendas previstas en esta fase del proyecto. La primera fase ya está finalizada y se encuentra en proceso de escrituración por parte de sus futuros propietarios.
El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando se constituyó la Junta de Compensación del ámbito AUA-PERI 11A, en la que participan distintos propietarios del suelo, entre ellos el Ayuntamiento de Gijón con un 20 % de participación, además de los propietarios del chalé afectado, que firmaron su adhesión ante notario.
Las obras de urbanización comenzaron en abril de 2021 con un plazo previsto de siete meses, aunque su desarrollo quedó condicionado por la falta de entrega del inmueble, pese a los requerimientos realizados por la Junta de Compensación y el Ayuntamiento de Gijón. Posteriormente, el proyecto de compensación fue aprobado en marzo de 2022, incluyendo la valoración de las edificaciones existentes incompatibles con el planeamiento urbanístico. Según la información facilitada por la promotora, los propietarios del chalé comunicaron su salida del inmueble y facilitaron los datos para el abono de la valoración correspondiente. El pago, de 127.820,59 euros, se efectuó, siempre según la promotora, en diciembre de 2022 mediante transferencia bancaria.
Sin embargo, según el relato facilitado por la compañía, la vivienda continuó ocupada por un familiar de los propietarios, que se negó a abandonarla, lo que derivó en la interposición de una demanda de desahucio. Avintia Inmobiliaria sostiene que las indemnizaciones han sido abonadas conforme a lo establecido y que la resolución judicial es firme, sin posibilidad de recurso, lo que permite reactivar el desarrollo urbanístico de la segunda fase del proyecto en la zona del Rick’s.
