El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inicia el trámite de retirada del símbolo en la ciudad extremeña, porque su naturaleza franquista “no se ha desvirtuado”, y el proyecto ganador del Valle de los Caídos ni siquiera propone la resignificación del lugar
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha incluido la Cruz de los Caídos de la plaza de América, en Cáceres, en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, y debe ser retirada del espacio público, tal y como determina la Ley de Memoria Democrática de 2022. Es una de las primeras cruces construidas para conmemorar a los caídos durante la guerra civil y, aunque se ha intervenido, modificando las inscripciones originales, “su naturaleza no se ha desvirtuado”. El Ministerio reconoce en su comunicado que la resignificación de monumentos franquistas es un fracaso “en cuanto permanece el elemento principal que define al conjunto, con alto valor simbólico”.
El caso es similar a la solución que plantea la propiedad del monumento que homenajea al cuartel sublevado de Simancas y que se ha mostrado en contra de la retirada, tal y como ordenó en febrero la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos a la Compañía de Jesús. Esta ha indicado que su misión en el mundo es “la búsqueda de la reconciliación”. Sin embargo, lo que para la propiedad es reconciliación, para la Ley un homenaje a la memoria del ejército golpista que se levantó contra la democracia es un elemento y símbolo contrario a la memoria democrática. No puede ser definido como lugar de memoria, porque humilla a las víctimas del franquismo. Por eso desde FAMYR creen que la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos recurrirá al Ministerio de Ángel Víctor Torres para que incluya la escultura de Simancas en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática y así proceder a su retirada. El trámite que se abrió en febrero la Consejería, y que adelantó este periódico, se agota en la primera semana de mayo.
El Ministerio recordó en su comunicado que el lugar en el que se ubica la cruz de Cáceres fue utilizado, durante la dictadura, “para todo tipo de conmemoraciones franquistas, desfiles militares o civiles y que todavía hoy, con su emplazamiento privilegiado, constituye un elemento de humillación para las víctimas”. La conclusión a la que llega el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática es que “bajo ningún concepto puede considerarse un elemento o símbolo religioso, dado su origen político”.
También como en Asturias, los expertos consultados por el Ministerio señalaron que la cruz no presenta ningún elemento artístico singular y carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años en los que se construyó. En este caso, fue en 1937 y en homenaje a los caídos de Cáceres con motivo del “Movimiento Nacional salvador de España”. La fuente que ocupaba el lugar fue retirada par ubicar la cruz de los caídos, inaugurada en mayo de 1938 y con la presencia de Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange y fundadora de la Sección Femenina durante la guerra.
En Asturias, la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural ha concluido con la improcedencia de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del citado monumento. Como indicó Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, “no hay nada original ni destacable en la configuración del monumento gijonés, enmarcable de hecho en la tipología de monumentos conmemorativos a los caídos en el bando franquista”, explicó en la Junta General la consejera. El escultor Manuel Álvarez-Laviada, autor de la cruz y los dos ángeles, colaboró con la República en la defensa del patrimonio artístico y que padeció un proceso de depuración del régimen hasta 1945, por el que fue sometido a la elaboración de la propaganda franquista hasta su muerte. De hecho, el monumento a los militares golpistas del Simancas se inauguró meses después de su fallecimiento.
A pesar de las contundentes conclusiones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la retirada de la cruz franquista de Cáceres, las directrices chocan con el proyecto que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha elegido para resignificar Cuelgamuros. Historiadores, arqueólogos, historiadores y especialistas en patrimonio conflictivo, como Alfredo González Ruibal, han mostrado su decepción porque el proyecto ganador del concurso no cumple con la que debería ser su principal función: resignificar el lugar. El proyecto que ha ganado el concurso -con una inversión de 30 millones de euros- se centra exclusivamente en la reforma arquitectónica de la basílica, pero no en contar lo que sucedió en el Valle de los Caídos, erigido “para perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada” (Decreto del 1 de abril de 1940). No existe desarrollo del supuesto centro de interpretación que cubrirá las pautas que marca la Ley de Memoria Democrática. La inversión millonaria es para hacer una nueva basílica.
La resignificación no se tuvo en cuenta, aunque era el objetivo del concurso. De esta manera, la basílica seguirá destinada al culto y en su interior no habrá cambios, ni siquiera queda claro si se instalarán algunos paneles para resignificar el lugar. El proyecto ganador, que recibirá cuatro millones de euros por el proyecto de la reforma de la basílica, está compartido por los estudios Pereda Pérez Arquitectos, con base en Pamplona, y Lignum SL (A Coruña). Y en el dosier aclararon que su intención está en que el lugar “conserve su memoria al tiempo que se adquiere un sentido nuevo”.
A pesar de todo, el secretario de Estado para Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha asegurado en entrevistas que para finales de 2026 estaría trabajando en la resignificación de Cuelgamuros. “Me parece mal que se haga cualquier nueva arquitectura en un lugar como ese”, ha explicado Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Han pasado quince años desde que, el 28 de noviembre de 2011 y a petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, varios especialistas concluyeron en un informe qué hacer con este monumento a la España antidemocrática. Los historiadores Carme Molinero y Ricard Vinyes proponían construir un centro de interpretación de los acontecimientos que allí tuvieron lugar, antes de llegar a la Basílica. Ahora, los visitantes que acudan al centro donde hay cerca de 34.000 cuerpos enterrados, ni siquiera tendrán que pasar por ese centro.
En el Preámbulo de la Ley de Memoria Democrática de 2022 se indica que el Valle de los Caídos es un monumento “al que esta ley presta especial atención al estar llamado a ser un eje fundamental de la resignificación democrática contemporánea de las políticas franquistas de memoria”. Cualquier iniciativa de este tipo debe alterar el símbolo de homenaje a los sublevados, para convertirlo en la preservación de la memoria de las víctimas. De momento, la intención no ha pasado de preámbulo.
