Con la adscripción de su centro de Gijón, la entidad privada tiene dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones; sus responsables se declaran «muy ilusionados», mientras el Gobierno asturiano insiste en que su compromiso prioritario es «con la Universidad de Oviedo»
Quizá a algunos les parezca lo contrario, pero lograr el establecimiento de una entidad educativa privada, especialmente si es universitaria, en un determinado territorio es -o suele ser- una tarea ardua, compleja, larga y no exenta de problemas. Ahí está como ejemplo el afán de la Universidad Europea por convertir en realidad el que será su sede ubicada en Gijón… Sin embargo, desde hoy lunes esa misión está más cerca de convertirse en realidad, después de que el Consejo de Gobierno del Principado haya aprobado esta mañana la adscripción de dicho Centro Universitario Europeo. Ahora bien, el paso no equivale, en absoluto, a una luz verde para que la institución inicie su actividad docente; muy al contrario, ahora la Europea tiene ante sí un plazo de dos años para solicitar al Ejecutivo autonómico la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales. Y tampoco ha sido una decisión unánime del Consejo; Ovidio Zapico, portavoz de Izquierda Unida (IU) y titular de la cartera regional de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha votado en contra.
Según ha trascendido, los grados de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia serán los primeros que se impartirán en suelo gijonés, en el curso 2027-28, un listado al que se sumarán, a partir del segundo año de labor docente, los de Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia. Todos ellos se impartirán en el nuevo edificio modular de 8.000 metros cuadrados, que promete ser el punto central de la parcela de 10.000 metros cuadrados adquirida en el Parque Científico Tecnológico de la ciudad; su construcción y equipamiento, al igual que la habilitación de las docencias y el aspecto de personal -con casi 350 contrataciones estimadas-, elevarán la inversión prevista a alrededor de 35 millones de euros. Con tales números sobre la mesa, no sorprende que la presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, haya confesado que tanto ella como su equipo se sienten «muy ilusionados» con su próximo desembarco en Gijón, que ejecutarán «con la voluntad de sumar, de arraigarnos en el territorio y de contribuir a la formación de profesionales preparados para liderar con conocimiento, con humanidad y con capacidad de impacto en un ámbito tan esencial como el de la salud».
Tampoco la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, ha escatimado elogios a la decisión autonómica, que constituye «un punto de inflexión para Gijón», y que evidencia «un crecimiento que permite a la ciudad aspirar a todo». Y es que, a juicio de la regidora, «sumar un centro educativo líder en su sector es una gran noticia en el plano económico y social, pero también un impulso de primer orden para el tejido científico y empresarial» de una urbe que «crece con hechos y de forma coherente con su identidad». No obstante, en el Principado se han mostrado más cautelosos. Al acabar el Consejo, el portavoz del Ejecutivo, el socialista Guillermo Pelaéz, ha insistido en que el compromiso prioritario del Gobierno no está con la Europea, sino «con la universidad pública, la de Oviedo», y ha enfatizado que desde las Administraciones «se velará en todo momento por el cumplimiento estricto de la legalidad», así como por «la garantía de la oferta de estudios superiores en condiciones de calidad». Tal advertencia afectará no solo a las ratios de personal, a su desempeño y a los equipamientos; también implica la necesaria resolución favorable de los planes de estudio, a cargo del Consejo de Universidades.
