Una plataforma vecinal critica la continuidad de trámites administrativos en Oviedo y Gozón y reclama mayor coordinación entre consejerías
La polémica sobre la instalación de sistemas de almacenamiento energético con baterías en Asturias sigue su particular batalla. La Plataforma Stop Baterías crítica con estos proyectos ha denunciado esta semana que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo continúa tramitando iniciativas en suelo no urbanizable pese a la suspensión temporal de licencias aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de septiembre. El colectivo sostiene que la paralización anunciada por el Ejecutivo autonómico no está impidiendo que algunos expedientes sigan avanzando en el plano administrativo, lo que, a su juicio, está generando confusión entre vecinos y afectados.
Uno de los casos señalados es el de Los Arenales, en Oviedo. Según la denuncia, la empresa Atlántica Energía Sostenible España S.L. habría obtenido autorización administrativa previa y autorización de construcción para tres proyectos previstos en terrenos no urbanizables. La plataforma añade que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) se había pronunciado en febrero en contra de considerar degradada la parcela propuesta para la instalación.
También menciona el proyecto Tabiella BESS, en Gozón, que habría recibido autorización administrativa previa y de construcción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, igualmente en suelo no urbanizable. A partir de estos ejemplos, el colectivo cuestiona la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la regulación urbanística, ambiental y energética. Según expone, mientras una parte del Gobierno autonómico impulsó la suspensión temporal de licencias, otros departamentos mantienen la tramitación de expedientes al considerar que cuentan con competencias sectoriales propias.
La nota recuerda que la suspensión aprobada en septiembre tiene carácter provisional y está vinculada a la futura publicación de directrices sectoriales que deberán ordenar la implantación de este tipo de infraestructuras. Hasta entonces, la plataforma teme que algunos proyectos sigan avanzando o se reactiven posteriormente en espacios considerados degradados. Además de reclamar una mayor claridad normativa, los denunciantes critican la falta de información pública sobre algunas resoluciones administrativas y consideran que los vecinos afectados se ven obligados a recurrir a procedimientos judiciales para defender sus intereses.
