Una trabajadora relata supuestas negligencias, acoso laboral y graves irregularidades en el servicio de recogida y cuidado animal en los dos municipios asturianos. La gestión de ambos centros y el Ayuntamiento de Langreo niegan las acusaciones, que achacan a un conflicto laboral
La gestión de los albergues de animales de Langreo y Mieres vuelve al foco de la polémica tras la convocatoria de dos concentraciones los días 9 y 10 de mayo por parte de la Asociación Liberación Animal Asturias mientras aún retumba el eco del desmantelamiento del criadero que en Gijón mantenía, presuntamente, a más de 300 perros en una situación límite y de abandono. En el caso de los albergues de Langreo y Mieres, gestionados ambos por la misma empresa -Dog Harmony- , la protesta llega tras alzar la voz varios trabajadores y acompañadas de las críticas de algunos colectivos animalistas, que apuntan a presuntos incumplimientos en el servicio y a deficiencias graves en la atención a los animales.
En este sentido, la presidenta de la Asociación liberación Animal Asturias, Carmen García, cuenta a este medio que la movilización convocada para el próximo fin de semana responde a una situación que, asegura, “se viene arrastrando desde hace tiempo”, con problemas que no se limitan, defiende, a casos puntuales, sino que afectan a aspectos estructurales del servicio, como la recogida de animales o el cumplimiento de los pliegos del contrato: “Siguen apareciendo animales sin atender y situaciones urgentes que no se están resolviendo”. Entre los ejemplos recientes menciona el caso de una gata preñada que no habría sido recogida pese a los avisos a los servicios correspondientes: “La persona que la encontró estuvo esperando horas sin respuesta y al final tuvo que hacerse cargo una asociación”. La camada nació pocos días después. Desde el colectivo denuncian además que no se estarían cumpliendo obligaciones recogidas en el contrato, como la atención veterinaria, la disponibilidad de personal suficiente o el servicio de recogida 24 horas. “Hay una falta de medios y de organización que no se corresponde con lo que está estipulado”, sostiene.
«Ha habido perros cuatro o cinco días sin comer«
El malestar ha ganado visibilidad tras la denuncia pública de una trabajadora del albergue de Langreo, María Fernández, que asegura haber documentado las irregularidades en la gestión. Según su testimonio, recogido por miOviedo, desde su incorporación al centro, hace ya cuatro años, comenzó a detectar carencias en la atención veterinaria, falta de material básico y retrasos en la recogida de animales: “Había perros sin tratamiento, sin vacunas o sin alimentación suficiente”. También denuncia que, en ocasiones, los trabajadores habrían tenido que asumir gastos de su propio bolsillo para cubrir necesidades básicas, llegando los trabajadores a tener que pagar el pienso de animales que, sino «se tiraban cuatro o cinco días sin comer». Entre los episodios que relata, menciona casos de animales enfermos que, según su versión, no fueron trasladados a centros veterinarios pese a su estado: “No había material para curar a los perros, no había inyecciones, no había chips ni pasaportes… la mitad de las veces no compraba pienso, teníamos que andar pagándolo los trabajadores. Ha habido perros que podían estar cuatro o cinco días sin comer«.
La trabajadora asegura haber denunciado la situación ante organismos como el Seprona o el Colegio de Veterinarios, aunque afirma que «hemos trasladado todo por registro y no hemos recibido contestación”. Las críticas no se limitan a la empresa adjudicataria. Desde los colectivos animalistas se apunta también a la responsabilidad de los ayuntamientos. “Lo más grave es que las administraciones estén avalando esta situación”, sostiene Carmen García, quien considera que existen pruebas suficientes para revisar el contrato. En esta línea, la denunciante cuestiona los mecanismos de control público: “Si hay inspecciones, no están reflejando lo que realmente ocurre”. También pone en duda el cumplimiento de requisitos como la presencia de personal cualificado o la existencia de instalaciones adecuadas para todos los animales. Desde el movimiento convocante insisten en que la protesta busca “dar visibilidad” a una problemática que, aseguran, lleva años produciéndose sin solución: “Queremos que se cumplan las condiciones del servicio y que los animales reciban la atención que les corresponde”.
Y es que siempre según el relato de la trabajadora, actualmente de baja, la atención veterinaria sería insuficiente también en casos graves, y relata haber «visto perros morir de parvo sin recibir la atención adecuada». «No se ingresaban animales que lo necesitaban; se quedaban en el albergue aunque estuvieran graves», y pone de ejemplo «una perra con leishmania que no recibía la medicación diaria porque no se quería comprar«. La situación, cuenta, trasciende el bienestar animal y habría derivado en una situación de acoso, «es una situación que te destroza emocionalmente día a día. Estamos hartos de pagar de nuestro bolsillo y ver sufrir a los animales».
A estas denuncias se suma el testimonio de Arturo Suárez, otro trabajador del servicio, que asegura haber sido víctima de presiones tras sufrir una agresión por parte de un perro mientras trabajaba en el albergue. Según su relato -recogido en RTPA-, tras el incidente en el que resultó herido y tuvo que ser atendido en el hospital, habría recibido instrucciones directas del responsable del servicio para modificar la versión de los hechos. En concreto, afirma que Paulino Fernández, gerente de Dog Harmony, le habría pedido que en el centro sanitario no declarase que se encontraba trabajando en ese momento, sino que dijera que estaba visitando el albergue por interés en la adopción de un animal. Declaraciones que han sido, junto a todas las demás acusaciones, negadas por Fernández, con quien este medio ha podido hablar, y quien refiere que en el momento del ataque, Arturo no era ya trabajador del centro. De hecho, sostiene que la situación ha sido mal interpretada: “Yo no le mandé a que fuera al albergue a sacar ningún perro ni a nada”, e insiste en que no tuvo conocimiento directo del incidente en el momento en que ocurrió.
La versión de la empresa: “Se están diciendo cosas que no son ciertas”
Y es que el gestor del albergue, Paulino Fernández, rechaza todas estas acusaciones y defiende la gestión del servicio, asegurando que se trata de interpretaciones “distorsionadas” de la realidad. El gestor defiende además la existencia de controles continuos sobre el funcionamiento del albergue y la atención veterinaria. “El bienestar animal lo dirigen y supervisan los veterinarios, que son los profesionales competentes”, señala, añadiendo que “actualmente acude el veterinario todos los días al centro de Langreo y al de Mieres una vez por semana”. También reivindica la existencia de inspecciones regulares por parte de distintas administraciones: “Hay inspecciones periódicas de los ayuntamientos, del Principado de Asturias, del Colegio de Veterinarios y del SEPRONA. Si hubiera habido algo tan grave, lo habrían detectado. Eso es evidente”.
Sobre la denuncia de la trabajadora, Fernández cuestiona el momento en el que se produce: “¿Por qué denuncia ahora y no cuando estaba trabajando?”, se pregunta, sugiriendo que la situación responde a un conflicto laboral interno. “Me da qué pensar que cuando estaba aquí estaba bien”, añade. En cuanto a la gestión interna del personal, sí admite la existencia de tensiones laborales, aunque las desvincula del funcionamiento del servicio. También rechaza de forma tajante las acusaciones económicas relativas a la compra de pienso o material veterinario: “Es rotundamente falso”. En el plano organizativo, defiende la estructura de control municipal y veterinaria: “Tenemos fichas de entrada de los animales, vacunas, tratamientos y seguimiento”, explica, y añade que “cuando es necesario hay ingresos en clínicas veterinarias, por supuesto que los hay”.
El Ayuntamiento de Langreo defiende la gestión del albergue
Por su parte, el concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Langreo, Pablo Álvarez, a preguntas de miOviedo, defiende la gestión del albergue y rechaza las acusaciones sobre el estado de los animales o el incumplimiento del contrato, e insiste en que los servicios municipales han realizado controles regulares sobre el centro: “Tenemos la última inspección del mes de enero y el informe del Colegio de Veterinarios». Respecto a algunas imágenes y vídeos que han circulado por diversas redes sociales, el concejal cuestiona su interpretación: “Los perros con mordeduras son perros recogidos en la calle, abandonados o con peleas previas”, explica, defendiendo que el contexto de recogida puede generar heridas previas que no son imputables a la gestión.
Sobre la presencia de roedores, -también denunciado por los trabajadores- en las instalaciones, lo considera un hecho puntual y ambiental: “Que haya ratones es normal en cualquier entorno con comida, como ocurre en cualquier ciudad”, argumenta, atribuyéndolo a factores externos y no a falta de higiene. Además, en relación con la atención veterinaria, defiende la operativa del servicio: “El veterinario viene todas las semanas y hay ingresos cuando es necesario”.
El concejal rechaza igualmente la idea de abandono de animales enfermos: “Es absolutamente falso que no se atienda a los animales o que estén desnutridos”, confirma, asegurando que las instalaciones están abiertas a inspección pública. Finalmente, enmarca la polémica en un conflicto ajeno al bienestar animal: “Esto es un problema laboral entre trabajadores que está judicializado”, sostiene, desvinculando las denuncias del funcionamiento estructural del albergue. El concejal defiende así la transparencia del servicio y la disposición del Ayuntamiento: “Invito a cualquier medio a venir al albergue y comprobar cómo están los animales”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Mieres ha rehusado hacer declaraciones al respecto.
