El presidente justifica la medida por la convicción de que «el fin de la extracción reduciría la actividad administrativa», pero descarta que el accidente de Cerredo se debiese a ello; «si la empresa no hubiera hecho algo para lo que no tenía autorización, no hubiera habido cinco muertos», sentencia
Las fuerzas en la oposición reiteran su exigencia de «depurar responsabilidades», especialmente en el ámbito político, aunque el dirigente niega que, hoy por hoy, «existan elementos» que vinculen directamente a miembros actuales o pasados de su Ejecutivo con aquel suceso
La sombra del accidente ocurrido en la mina de Cerredo, que el 31 de marzo de 2025 segó las vidas de cinco trabajadores, es larga, y este jueves volvió a cernirse sobre la región. Con dicho tema como eje central del Pleno de la Junta General del Principado, y con las conclusiones del informe elaborado por la comisión investigadora sobre la mesa, un Adrián Barbón presionado por las preguntas lanzadas desde la oposición admitió que, «visto en perspectiva», ordenar el desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera al inicio de su mandato «no fue una valoración correcta» ni de la situación del sector, ni de las consecuencias que tal medida podía entrañar. Fue, eso sí, un reconocimiento no exento de matizaciones; así, el dirigente justificó la acción por la coyuntura sectorial a la baja, y volvió a poner el foco en lo irregular de la actividad que en aquel pozo ejercía la empresa Blue Solving, sin licencia para extraer carbón, como principal causa del accidente. Además, descartó que, en la actualidad, existan pruebas de una implicación política tal que justifique la depuración de responsabilidades exigida por sus oponentes políticos.
Fue el portavoz de Foro en la Junta, Adrián Pumares, quien introdujo el dedo en la llaga de aquel desmantelamiento; el mismo que, tal como recoge el informe, redujo en grado sumo los mecanismos públicos disponibles para detectar prácticas irregulares, como las hechas en Cerredo por la citada Blue Solving, y de cuyos potenciales efectos ya alertó la Inspección General de Servicios en 2021. Para Pumares, semejante anulación de Seguridad Minera respondió exclusivamente «a una estrategia económica», y no a «criterios técnicos», acusación que Barbón descartó de todo punto. «La decisión se tomó bajo la premisa de que el fin de la extracción de carbón reduciría la actividad administrativa», argumentó el presidente, recordando, acto seguido, que Asturias es la única comunidad española está recuperando una estructura semejante. Y es que, para el dirigente autonómico, es innegable que, «si la empresa no hubiera hecho algo para lo que no tenía autorización, no hubiera habido cinco muertos». A ese respecto, Barbón aprovechó su turno de réplica para acusar a la oposición de «retorcer» las actas de la comisión de investigación, omitiendo la responsabilidad de Blue Solving y centrando sus andanadas solo en el frente político.
«No promover el cese de los responsables que estaban al frente no es proteger la verdad; es protegerse usted mismo y proteger a los suyos; eso es lo que están haciendo»
Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano
En ese último flanco, el político, fue en el que el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, centró su atención. Firme defensor de que se deriven consecuencias sobre los supuestos responsables gubernamentales del desmantelamiento -incluidos cargos socialistas como Nieves Roqueñí o Enrique Fernández-, Queipo acusó al Ejecutivo de «negligencia», de «mentir» a las víctimas, y de «protegerse a sí mismo», y señaló directamente a Barbón como autor de esa falta de acción. «No promover el cese de los responsables que estaban al frente no es proteger la verdad; es protegerse usted mismo y proteger a los suyos; eso es lo que están haciendo», aseveró el presidente de los populares, recalcando que el informe de la comisión señala «negligencias políticas gravísimas», y ampliando el alcance de su tiro, al afear a Barbón que «es el máximo responsable del Gobierno que permitió que todo esto ocurriera». Un ataque frontal que obligó al aludido a defenderse apelando a la ausencia de pruebas categóricas. «A día de hoy no hay ningún elemento que pruebe que esas personas a las que se significa tienen responsabilidad directa en la comisión de un homicidio por imprudencia», zanjó. Y concluyó ofreciendo a Queipo una sugerencia: que, si «la política es el equilibrio entre eficacia y principios, cuando haya que decidir, opte por los principios».
Mucho más expeditiva se mostró la portavoz de Vox, Carolina López, que utilizó como munición el reciente viaje del presidente a México. «Mientras usted huye y mira hacia otro lado, hay familias esperando justicia», le espetó, acusándole de «mentiroso» por haber cuestionado las conclusiones del informe de la comisión, y llegando a tacharle de «miserable». Pasando por encima de semejantes insultos, Barbón contraargumentó que su visita a tierras mexicanas fue «un acierto, porque abre vías de comercio con inversores que quieren invertir en Asturias», aparte de visibilizar el hecho de que «soy el presidente de todos los asturianos: de los que están aquí y de los que viven fuera». La última en plantear su postura en el Pleno fue Covadonga Tomé, desde el Grupo Mixto; satisfecha por la aprobación de su moción para urgir al Ejecutivo a reforzar el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), y mejorar la lucha contra la siniestralidad, la antaño dirigente de Podemos calificó lo ocurrido en Cerredo de «terrorismo patronal», aunque sin enterrar la parte de culpa que, a su parecer, atañe a la Administración. «Denunciamos alto y claro la responsabilidad de la empresa en este siniestro, pero también exigimos responsabilidades políticas; que no se confunda nadie», sentenció.
