La nueva normativa refuerza derechos clave y abre la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de un paso clave para actualizar una norma vigente desde 1995 y adaptarla a las nuevas realidades del mercado laboral, aunque el texto aún deberá superar su tramitación en el Congreso de los Diputados.
Durante su intervención en un acto organizado por la Autoridad Laboral Europea, Díaz defendió que la reforma será “profunda” y permitirá incorporar cambios derivados de la digitalización, la transición climática y las nuevas formas de empleo. Además, subrayó que el nuevo marco legal integrará la perspectiva de género y atenderá sectores especialmente sensibles como el de los cuidados.
Desde el ámbito jurídico, el letrado asturiano Adrián Rivas, de Servanda Abogados, valora positivamente la iniciativa, aunque advierte de los retos que implicará su aplicación. “Estamos ante una actualización necesaria, pero también compleja. La inclusión expresa de los riesgos psicosociales obligará a muchas empresas a replantear sus evaluaciones de riesgos y sus políticas internas”, señala.
Uno de los aspectos más destacados del anteproyecto es precisamente la incorporación de factores como el estrés, la fatiga mental o la sobrecarga laboral dentro de la prevención obligatoria. Para Rivas, este cambio supone “un avance significativo”, ya que “hasta ahora estos riesgos existían en la práctica, pero no estaban claramente definidos en la normativa, lo que generaba inseguridad jurídica”.
La reforma también actualiza las actividades prohibidas para menores de 18 años, adaptando una regulación que se remontaba a 1957. El nuevo texto amplía las limitaciones a trabajos peligrosos o que superen sus capacidades físicas o psicológicas, aunque contempla excepciones en el marco de contratos formativos bajo estricta supervisión.
Otro de los pilares del anteproyecto es el refuerzo de los derechos laborales, incluyendo de forma explícita el derecho a la integridad física y moral y la protección frente al acoso. En paralelo, se introducen cambios en la normativa sancionadora para precisar mejor las infracciones en materia de igualdad y no discriminación.
En este punto, Rivas subraya que “la reforma no solo amplía obligaciones empresariales, sino que también refuerza derechos fundamentales de los trabajadores, lo que previsiblemente incrementará la litigiosidad en una primera fase hasta que se consolide su interpretación”.
Asimismo, el texto obliga a las empresas a establecer protocolos de retorno al trabajo tras bajas prolongadas y a reforzar la vigilancia de la salud, incluyendo evaluaciones periódicas tanto físicas como mentales. También se prevén mejoras en los servicios de prevención, con más recursos para delegados y apoyo específico a pymes.
“Las pequeñas empresas van a necesitar acompañamiento técnico y jurídico para adaptarse a estas exigencias”, concluye Rivas, quien considera que el éxito de la reforma dependerá en gran medida de su desarrollo reglamentario y del consenso político que logre en su paso por el Parlamento.
