El área de Derechos Ciudadanos recuerda al Ayuntamiento que la retirada de monumentos franquistas, según establece la Ley de Memoria Democrática, «no es discrecional, sino una obligación legal», y advierte de que vigilará posibles incumplimientos
No siempre resultan perfectas, a veces son interpretadas a conveniencia, incluso se las puede retorcer para aprovechar sus posibles deficiencias… Y, aun así, las leyes son las leyes, y su obligado cumplimiento es uno de los pilares esenciales de cualquier sistema democrático que se precie de serlo. Por eso, la advertencia que el Gobierno del Principado ha lanzado hoy jueves al Ayuntamiento de Gijón está impregnada del elevado grado de seriedad que las circunstancias exigen: como el mandato autonómico sea deliberadamente ignorado, y el polémico monumento ‘Héroes del Simancas’ no se retire de la fachada del Colegio de la Inmaculada, el Ejecutivo municipal podría estar incumpliendo deliberadamente la Ley de Memoria Democrática y, por extensión, incurriendo en un delito de «prevaricación». Así lo han avisado esta mañana fuentes oficiales de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, presidida por Ovidio Zapico. Y desde su área han aprovechado para recordar a la alcaldesa, Carmen Moriyón, y a su equipo que «las Administraciones públicas están sometidas a la ley y al derecho, exactamente igual que el resto de la ciudadanía».
En Derechos Ciudadanos no han escatimado en detalles con los que apuntalar su postura. De hecho, fue el propio Zapico quien hace dos días, el 5 de mayo, firmó la resolución que ordena a la Compañía de Jesús eliminar de su fachada el ‘Simancas’ en un plazo no superior a cuatro meses; si, por unas u otras razones, la orden religiosa incumpliese ese dictado, se contempla expresamente la posible ejecución subsidiaria, que recaería en el Principado. No obstante, es responsabilidad del Ayuntamiento emitir la licencia de obra necesaria para retirar el monumento, y esa es la carta con la que, de un tiempo a esta parte, el Gobierno gijonés amenaza con jugar para tratar de paralizar la acción ordenada. A ese respecto, desde el Consistorio se han esgrimido razones como el supuesto valor artístico de la pieza, tumbadas en el expediente emitido por el Consejo de Patrimonio Cultural autonómico. Los técnicos de ese último organismo determinaron que, si bien la iglesia que forma parte del complejo académico sí figura en el Catálogo Urbanístico de Gijón, y cuenta con protección por ello, no sucede lo mismo con el ‘Simancas’. Además, la pieza carece de relevancia suficiente para justificar una excepción.
Así las cosas, en la Consejería de Derechos Sociales precisan que, siendo la ley la que es, «el ordenamiento jurídico español considera prevaricación la adopción de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos o judiciales a sabiendas de su injusticia, y de su contradicción con la ley», definición que, llevada al extremo, podría aplicarse a una reiterada negativa del Ayuntamiento a expedir la licencia de obra. Sería, además, un posicionamiento absurdo, toda vez, que «el cumplimiento de la legislación en materia de memoria democrática forma parte de las obligaciones inherentes al ejercicio de responsabilidades públicas»; una responsabilidades, por otra parte, asumidas libre y voluntariamente por aquellas personas que optan a desempeñar cargos en las Administraciones. Finalmente, en el Principado alertan de que se mantendrán «vigilantes» para detectar, frenar y, llegado el caso, corregir cualquier posible irregularidad, de modo y manera que «se garantice el cumplimiento efectivo» de la normativa vigente.
