La falta de respuesta al requerimiento recibido en agosto obligó a Alcaldía a movilizar varias áreas municipales
Un correo electrónico recibido en pleno mes de agosto y no revisado a tiempo por encontrarse de vacaciones la persona encargada de hacerlo está en el origen del expediente que el Tribunal de Cuentas abrió al Ayuntamiento de Gijón por supuestas deficiencias en materia de publicidad y transparencia en contratos municipales correspondientes al ejercicio 2023.
Según fuentes cercanas a Alcaldía, el Tribunal remitió en agosto de 2024 el documento provisional de su “Informe de fiscalización del cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200.000 y 300.000 habitantes, ejercicio 2023”. El correo llegó al equipo de Alcaldía, pero la persona responsable de supervisarlo se encontraba fuera por vacaciones y el requerimiento no pudo ser atendido dentro del plazo establecido.
Aquella circunstancia provocó que el Ayuntamiento no presentara alegaciones en la fase provisional del procedimiento, un paso considerado importante dentro del proceso de fiscalización porque permite a las administraciones responder antes de la publicación del informe definitivo. La ausencia de contestación hizo que el Tribunal siguiera adelante con la tramitación incluyendo las observaciones detectadas en el informe final, cuya apertura trascendió públicamente el pasado mes de febrero.
La situación obligó entonces al Consistorio gijonés a reaccionar de manera urgente para preparar unas alegaciones completas con las que responder a todas las incidencias detectadas por el órgano fiscalizador. Para ello fue necesario movilizar a personal técnico y jurídico de distintas áreas municipales y también de varias entidades dependientes del Ayuntamiento, ya que la fiscalización no se limitaba únicamente a contratos del propio Consistorio.
El informe del Tribunal de Cuentas analizaba también expedientes vinculados a Divertia, la Empresa Municipal de Promoción Económica y Turística (PETSA), la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), la Empresa Municipal de la Vivienda y la Empresa Municipal de Aguas.
Las deficiencias detectadas estaban relacionadas principalmente con cuestiones formales vinculadas a la transparencia administrativa. Entre ellas figuraban la falta de acceso durante cinco años a determinada documentación contractual, la ausencia de enlaces desde la web institucional hacia algunos órganos de contratación y la no publicación de determinados informes asociados a procedimientos de adjudicación.
Finalmente, las alegaciones remitidas por el Ayuntamiento fueron aceptadas íntegramente por el Tribunal de Cuentas, que ha decidido archivar las actuaciones y cerrar el expediente abierto contra el Consistorio.
El caso de Gijón formaba parte de una fiscalización más amplia realizada en distintos municipios españoles de entre 200.000 y 300.000 habitantes. En el caso gijonés se analizaron 53 contratos de un total de 241 adjudicados durante 2023, con un importe conjunto cercano a los 50 millones de euros.
