La mujer, víctima de violencia de género y con una hija de 9 años a su cargo, reside en una vivienda de VIPASA, empresa que desea desalojarla alegando problemas de conducta, pese a no existir denuncias contra ella; la decisión ya ha sido recurrida
¿Qué hacer cuando, ante un determinado problema, todas las soluciones conocidas y cercanas fallan? Pues, una de dos: o darse por vencido, enarbolar la bandera blanca y asumir la derrota… O explorar alternativas menos ortodoxas. Y puesto el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias no es muy dado a tirar la toalla, sus responsables han puesto el foco, incluso, en organismos internacionales para tratar de frenar el desahucio de C. G. B., una joven vecina de la calle Alicia Concepción Álvarez, en el barrio gijonés de Nuevo Roces; víctimas de violencia de género, con una hija de 9 años a su cargo y escolarizada en la zona, y residente en un piso propiedad de Viviendas del Principado de Asturias, SA (VIPASA). Hace dos semanas y media, el 23 de abril, un Juzgado de Gijón ratificó la expulsión de la mujer en cuestión, atendiendo de ese modo la demanda formulada por la citada empresa autonómica. Por el momento, dicho dictamen judicial ha sido recurrido, pero el Sindicato ya está preparando otras tácticas más ambiciosas; por ejemplo, acudir a la Fiscalía del Principado o, incluso, ampararse en la legislación internacional, a menudo más protectora frente a casos tan espinosos que la nacional.
«La cuestión es muy sencilla: esta familia es vulnerable, no tiene alternativas habitacionales y no puede acabar en la calle», sentencian los representantes del Sindicato consultados por este diario. Y es que la situación de partida de C. G. B. es sumamente delicada… Además de su condición de víctima de violencia de género, la joven gijonesa solo es perceptora del Ingreso Mínimo Vital (IMV), limitado a mil euros; una cantidad que, en la práctica, la deja «totalmente fuera del mercado inmobiliario privado». Además, la deuda acumulada, que le sería imposible amortizar ahora, tampoco le abriría las puertas de una nueva vivienda de protección oficial, y en el Sindicato afirman que «carece de allegados que puedan darle cobijo», por lo que se vería abocada a acabar en la calle. Un escenario tétrico, pero que podría materializarse si el recurso no surte efecto, algo que no se sabrá «hasta dentro de un par de meses». Si la respuesta es desfavorable, la jueza señalará una nueva fecha para el lanzamiento, con lo que se cumpliría el deseo de VIPASA, postergado desde que el proceso se paralizase, allá por 2023; la derogación de la moratoria antidesahucios, el pasado febrero, fue el punto de inflexión. Por su parte, la empresa autonómica alega, además de la deuda acumulada, supuestos problemas de convivencia para justificar la expulsión; a ese respecto, en el Sindicato niegan que «exista denuncia alguna contra ella que haya prosperado, y problemas entre vecinos los hay en toda comunidad».
Por lo pronto, el caso de C. G. B. ya ha llamado la atención de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, hasta el punto de que sus integrantes «se han implicado» en buscar una solución. El cartucho del Ministerio Fiscal asturiano también es prometedor; a ese respecto, en el Sindicato avanzan que esa maniobra «ya está en marcha», y que la documentación de será remitida al citado organismo lo antes posible. Y todavía restaría, como último recurso, la escena internacional; al fin y al cabo, diversas entidades supranacionales, como las Naciones Unidas, «han llamado la atención a España por permitir el desahucio de familias vulnerables con menores a su cargo». Claro, que, a juicio de la dirección del Sindicato, lo ideal sería que las soluciones proviniesen de ‘casa’; es decir, de Asturias. No en vano, recuerdan, «en 2023 el consejero (de Vivienda y Derechos Ciudadanos) Ovidio Zapico prometió que no desahuciaría a nadie más de vivienda pública». Por eso, mientras se aguarda a que los cauces legales lleven, al fin, a una feliz resolución para el caso de C. G. B., exigen a las Administraciones «responsabilidad, transparencia y soluciones efectivas, así como el fin inmediato y definitivo de todos los desahucios».
