La vicepresidenta Llamedo concreta que esa libertad se hará extensible a la cuantía a cobrar, en caso de que se quiera imponer; de ser así, la labor recaudatoria la asumirá el Principado, que entregará el dinero a los concejos trimestralmente
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, garantizaba este lunes la plena «autonomía» de los Ayuntamientos para decidir si aplican la futura tasa turística y en qué cuantía lo hacen. Lo hizo tras una reunión con la Federación Asturiana de Concejos (FACC), en el curso de unas declaraciones en las que aclaró el modelo autonómico se basará en un sistema de recargo municipal que otorga la última palabra a las entidades locales. En ese sentido, el Principado asumirá la labor recaudatoria para, acto seguido, transferir el dinero a los Consistorios, con carácter trimestral. El proyecto de ley se encuentra en su «última fase de retoques»; acabada hoy la ronda de contactos, esta vez con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), el texto pasará a información pública antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, y remitido a la Junta General para su debate parlamentario definitivo.
«Tienen que ser ellos, en su autonomía municipal, quienes aprueben esa ordenanza y quienes además modulen en qué porcentaje quieren aplicar esta tasa», señaló Llamedo, precisando que los consistorios tendrán la potestad de elevar dicho recargo hasta el 100% de las cuantías que queden incorporadas en la ley regional. En ese sentido, la vicepresidenta subrayó que, una vez se apruebe la norma, el Gobierno y la FACC trabajarán conjuntamente para «simplificar toda la gestión» administrativa. El objetivo principal será evitar que los municipios con menos recursos sufran dificultades técnicas. «Les acompañaremos en todo lo que precisen», reiteró.
Llamedo también precisó que el texto legal ofrecerá un «amplio abanico» de posibilidades para invertir lo recaudado. Los fondos podrán destinarse a la mejora del destino, la desestacionalización, la movilidad o la profesionalización del sector. Así mismo, hizo especial hincapié en que la tasa servirá para sufragar los «gastos extraordinarios» que genera el turismo y para favorecer la «convivencia» entre visitantes y residentes.
