La propiedad del inmueble de Juan Alvargonzález 66 niega que el destino final de sus ocho viviendas sean pisos turísticos; este edificio se encuentra en lucha contra el desalojo, al igual que Eleuterio Quintanilla 41, puesto a la venta
El bloque de Eleuterio Quintanilla 41 fue el primero en declararse en lucha tras recibir el aviso del propietario de que no iba a renovar sus contratos de alquiler y conocer que el edificio estaba en venta en una inmobiliaria cercana, con la sospecha de que el destino final era convertir las cuatro viviendas del inmueble en pisos turísticos. También en el barrio de El Llano, en la calle paralela y a muy pocos metros, otro edificio seguía su camino y colgaba una pancarta con el lema ‘Alerta desahucios. Contratos para todos’, pidiendo una solución a la empresa que lo había adquirido. El Sindicatu Vivienda d’Asturies, que se encuentra asesorando a las ocho familias que residen en él, apunta también que su destino serán viviendas vacacionales, cuestión negada por la propietaria a través de la empresa de gestión patrimonial con la que trabaja.
«No es cierto que la finalidad de la propiedad sea destinar las viviendas a viviendas turísticas, porque el objetivo de la actuación prevista es renovar sus condiciones de accesibilidad y dotarlo de mayor calidad habitacional, funcional y sostenibilidad medioambiental. Asimismo, la situación arrendaticia existente no responde a una actuación subversiva ni arbitraria. Los contratos actuales se encuentran vencidos y dicha circunstancia ha sido comunicada de manera fehaciente a los ocupantes afectados», asegura el gestor, quien apunta que «de los ocho contratos que hay ahora mismo, solo uno está vigente», que finalizaría en 2027. «Los impagos están al orden del día», añade, e incluso habla de la existencia de «situaciones particulares de incumplimiento», como el «subarrendamiento de varios de los inmuebles», en concreto, alquiler de habitaciones. Por último, asegura que «se han mantenido conversaciones con la finalidad de alcanzar soluciones razonables, incluyendo la posibilidad de prórrogas concretas para facilitar la búsqueda de alternativas habitacionales».
Esta versión choca frontalmente con la de los vecinos. Afirman que son «cinco los que están sin contrato», que tres familias tienen procedimientos judiciales abiertos y que todas siguen pagando religiosamente el alquiler. Critican asimismo que la empresa pretenda el desahucio de «ocho familias trabajadoras, algunas con menores», que llevan «entre 3 y 20 años» residiendo en las viviendas, «sin alternativa habitacional y sin intención de renegociar nuevos contratos». También hablan de «desahucio silencioso» mediante el abandono del inmueble o la no notificación de las facturas de agua para generar impagos.
Manifestación el 6 de junio
En el caso del edificio del número 41 de Eleuterio Quintanilla, su propietario tiene en venta el edificio precisamente en una inmobiliaria situada cerca del portal y una empresa «ha puesto un 25 % de señal. Cuando sean desalojadas las vecinas se dará el restante para comprar todo el bloque y destinarlo a viviendas turísticas», asegura Andrés García, representante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, colectivo que asesora en este caso. «Son cuatro pisos, cuatro familias, que quieren expulsar del barrio», especificó, para después señalar que «el propietario no cumple ni con el mantenimiento del edificio ni el de las viviendas». La intención de las afectadas es la de negociar con él, pero «hasta ahora el intento de comunicación no ha dado fruto».
Los dos sindicatos aprovecharon una denuncia pública de los dos casos este martes para convocar a la ciudadanía para el sábado 6 de junio, a las 12 horas en El Humedal para una manifestación bajo el nombre ‘La vivienda nos cuesta la vida. Su negocio, nuestra ruina’. A ella se van a sumar colectivos y sindicatos laborales para defender el «derecho a la vivienda».
