La asociación de vigilantes, AVISPA, considera que las medidas son “lógicas y necesarias”, cuestiona el modelo de gestión de algunas celebraciones y plantea reducir actos si no pueden garantizarse las condiciones mínimas
El debate abierto en torno a las exigencias de seguridad para las fiestas y romerías de Gijón suma una nueva voz. La Asociación de Vigilantes de Asturias (Avispa) ha salido al paso de las críticas planteadas en los últimos días por varias comisiones de festejos y ha defendido que los requisitos exigidos por la normativa “no son nuevos ni extraordinarios”, sino medidas que llevan años aplicándose en eventos multitudinarios. En un comunicado difundido este viernes, el colectivo califica de “polémica artificial” las quejas surgidas en torno a la obligatoriedad de contar con planes de autoprotección, servicios de atención sanitaria o personal de seguridad privada en determinadas celebraciones populares.
Según Avispa, estas condiciones responden a criterios básicos de prevención y seguridad y forman parte de las obligaciones habituales en cualquier evento con afluencia importante de público. “Son medidas lógicas y necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes”, sostiene la asociación, que considera “preocupante” que algunas comisiones organizadoras presenten estas exigencias como “un ataque a las fiestas populares”. El colectivo insiste en que la seguridad debe entenderse como “una responsabilidad básica de cualquier organización” y no como un elemento accesorio condicionado por cuestiones económicas o logísticas.
Críticas al modelo de algunas fiestas
Más allá del debate sobre los requisitos técnicos, Avispa introduce además una reflexión más amplia sobre el modelo de gestión de determinadas fiestas patronales y romerías. La asociación cuestiona que algunas organizaciones prioricen aspectos vinculados al espectáculo o a la rentabilidad económica mientras muestran rechazo a las obligaciones de seguridad. En ese sentido, critican que se dé prioridad a “la contratación de orquestas, ampliar el número de días de celebración o montar barras masificadas” mientras se ponen en cuestión las medidas preventivas exigidas por la normativa. El comunicado también pone el foco sobre la gestión de las barras instaladas durante las fiestas.
Avispa considera que estos espacios “no deberían convertirse en un negocio externalizado para empresas privadas” y recuerda que muchas celebraciones nacieron históricamente como iniciativas vecinales y sociales vinculadas a los barrios y parroquias. Para el colectivo, el problema surge cuando las fiestas pasan a funcionar “como una actividad comercial donde los beneficios acaban fuera del barrio”, alejándose del modelo tradicional que, sostienen, dio origen a muchas romerías populares.
La asociación de vigilantes defiende además que, en aquellos casos en los que las comisiones no puedan asumir las condiciones mínimas exigidas para organizar actividades multitudinarias, deben plantearse alternativas antes que celebrar eventos sin garantías suficientes. “Si una comisión organizadora no puede asumir los mínimos organizativos y de seguridad para celebrar los eventos con plenas garantías, no pasa absolutamente nada por reducir el formato, limitar actividades o incluso suspenderlas temporalmente”, señala Avispa. La entidad sostiene que la prioridad debe situarse siempre en la protección de los asistentes y advierte de las consecuencias que podría tener una relajación de las medidas preventivas en actos con gran concentración de personas.
