Con los trámites para que la SAREB recupere las viviendas ya iniciados, acusan a esta última de «tergiversar la realidad», aclaran que solo trataron de «negociar cláusulas perjudiciales ante la ley y perniciosas para el inquilino», y acusan a Madrid y al Principado de «lavarse las manos»
Fieles a la denominación que su hogar ostenta desde hace más de un año, los vecinos del ‘bloque en lucha’ en que se ha convertido el número tres de la calle Río Piloña, en el barrio de Contrueces, no están dispuestos a dar por perdida la titánica batalla que libran contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Ni siquiera, pese a que esta última ya ha iniciado los trámites para recuperar las viviendas de las que quiere desahuciar a diez familias del inmueble. Y menos aún, a la vista de que el denominado ‘banco malo’ ha incurrido, una vez más, en lo que los afectados entienden que es un juego sucio en toda regla. En un comunicado remitido a los medios, los inquilinos acusan a la SAREB de «tergiversar la realidad de los hechos de forma completa», pues ellos «nunca» rechazaron los contratos que se les ofrecieron. Así las cosas, y con la perspectiva de verse en la calle cada vez más cerca, han vuelto a solicitar la intercesión del Principado, en la figura de su presidente, Adrián Barbón, y del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, para poner fin a una maniobra que, si se consuma, «recaerá sobre ellos».
Siempre a tenor de lo manifestado por los vecinos, lo único que hicieron, ya con los contratos sobre la mesa, fue someterlos a «un proceso de negociación» para, de ese modo, modificar aquellas cláusulas que consideraban «perjudiciales ante la ley y perniciosas para el inquilino». La esperanza, reiteran, era conseguir un «arrendamiento justo» para la decena de familias en cuestión, de las que tres cuentan con opción a contrato social, y las siete restantes, a contrato asequible. Por lo que respecta a las primeras, los inquilinos recibieron una propuesta sujeta a una «condición suspensiva» bajo el argumento, por parte de la propiedad, de que el piso «no contaba con cédula de habitabilidad». Con esa condición marcada, se dio a los afectados 45 días para solicitarla, reservándose la SAREB el derecho a desistir del contrato si no obtenían la cédula en el primer intento. En cuanto a las familias aptas para acogerse a un contrato asequible, denuncian haber recibido un documento en el que se les exige una deuda previa, «sin base legal», de unos 20.000 euros por persona. Para el vecindario, semejante importe es «injustificado» e «inviable» para las economías de las familias del bloque.
Ante semejante escenario, los residentes del ‘bloque en lucha’ han vuelto a solicitar la mediación de los Gobierno central y autonómico, a los que acusan de «lavarse las manos» de un tiempo a esta parte, y de no ofrecer soluciones. Y es que en Río Piloña no convence el argumento de que ambas Administraciones carecen de competencias para influir en la redacción de contratos, máxime teniendo en cuenta que la SAREB es una entidad igualmente pública. Por ello, concluyen pidiendo una inmediata y rotunda entrada en el juego de Viviendas Públicas del Principado, SA (VIPASA), único organismo que, piensan, podría ofrecer alternativas y bloquear el desahucio que se perfila en el horizonte.
