El juez de la Audiencia Nacional investiga una presunta trama de obstrucción en procedimientos judiciales vinculados al PSOE
El abogado penalista ovetense Jacobo Teijelo, conocido por ejercer la defensa del exsecretario de Organización del PSOE en el denominado ‘caso Koldo’, figura entre las personas investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el denominado ‘Caso Leire’, una causa centrada en una presunta trama de obstrucción a investigaciones judiciales. Junto a Teijelo, el magistrado ha acordado investigar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; a la gerente del partido, Ana María Fuentes; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; al empresario Javier Pérez Dolset; al guardia civil Juan Sánchez Yepes; y al abogado Ismael Oliver, quien llegó a representar al exasesor ministerial Koldo García.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la investigación trata de esclarecer si desde el PSOE se habrían realizado pagos a una supuesta red dedicada a obtener información sensible sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad relacionados con procedimientos judiciales que afectan al partido socialista. Los investigados estarían siendo analizados por posibles delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.
En el caso de Ana María Fuentes, el juez aprecia una posible responsabilidad como cooperadora en algunos de los hechos investigados y, además, como presunta autora de falsedad en documento mercantil por la supuesta emisión de facturas irregulares. El magistrado también menciona, aunque sin atribuirles por el momento la condición formal de investigados, al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y al diputado socialista Juan Francisco Serrano, considerado una de las personas de mayor confianza de Santos Cerdán. Según el auto, existen indicios de que ambos podrían haber colaborado en actuaciones concretas relacionadas con el supuesto plan investigado, aunque el juez considera necesario avanzar en las diligencias antes de determinar posibles responsabilidades.
La causa también recoge la declaración realizada por el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías en otra investigación abierta en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. En ella afirmó haber contratado a Leire Díez para investigar una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación del caso de los ERE de Andalucía. Según indicó, llegó a abonarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses.
Actuaciones de la UCO en la sede del PSOE
Las imputaciones han trascendido el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir documentación y archivos electrónicos relacionados con la investigación. La actuación fue ordenada por el juez Pedraz en el marco de una pieza separada vinculada a Leire Díez, exmilitante socialista señalada como presunta intermediaria de la trama investigada.
Además de la sede socialista, el magistrado ordenó actuaciones en los domicilios de Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. El objetivo es recopilar documentación e información económica y digital considerada relevante para el avance de la causa. El juez considera que la gravedad de los hechos investigados, junto con el volumen económico de las operaciones bajo sospecha, justifican las medidas acordadas.
Sospechas sobre comisiones y contratos públicos
La investigación apunta a que Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso podrían haber percibido alrededor de 700.000 euros en comisiones a través de operaciones vinculadas a empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según la Guardia Civil, los tres formarían parte de un grupo denominado ‘Hirurok’, presuntamente dedicado a influir en expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros, aprovechando relaciones y contactos dentro de la Administración.
La UCO sostiene que entre 2021 y 2023 los investigados habrían actuado de forma coordinada para obtener beneficios económicos mediante contratos y facturación supuestamente irregular, logrando decisiones favorables desde diferentes administraciones y empresas públicas. Durante los registros practicados en el marco de la investigación, los agentes intervinieron material informático y dispositivos electrónicos en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el juez ordenó realizar un filtrado del contenido para preservar la información ajena a la causa.
No es la primera vez que la Guardia Civil accede a la sede socialista de Ferraz. En junio de 2025 ya se produjo un requerimiento judicial relacionado con la imputación de Santos Cerdán en una pieza separada del ‘caso Koldo’ vinculada a presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública.
