Los trabajadores, sin cobrar desde hace un año, reciben apoyo político en Madrid en plena escalada del conflicto y con la vista puesta en una salida institucional al problema
Paso a paso, el conflicto laboral en la Mina Miura va avanzando, con la plantilla acumulando ya un año sin percibir sus nóminas en uno de los episodios laborales más tensos del suroccidente asturiano en los últimos años. En esta ocasión, el foco se ha trasladado al Congreso de los Diputados, donde los trabajadores han recibido este miércoles el respaldo explícito de varias formaciones políticas con representación parlamentaria: PSOE, Sumar, Compromís, ERC y Bildu, que han mostrado su apoyo a la situación de los mineros asturianos. El encuentro ha servido también como gesto visual de unidad, con representantes de estos grupos posando junto a la plantilla para las cámaras en un gesto simbólico de respaldo institucional a un conflicto que, por ahora, sigue sin resolución.
Los trabajadores de Mina Miura arrastran una situación límite desde hace meses. Denuncian el impago continuado de salarios pese a seguir vinculados formalmente a la explotación minera, ubicada en el concejo de Ibias. Según el relato sindical trasladado por el SOMA-Fitag-UGT, la empresa habría cambiado de propietarios el año pasado, sin que ese relevo haya supuesto mejora alguna en la situación laboral ni en la estabilidad económica de la plantilla. El conflicto, además, se enmarca en un contexto ya conocido en la región, tras semanas de movilización que incluyeron un encierro en la propia explotación y una marcha a pie de más de 160 kilómetros hasta Oviedo, en una de las protestas más visibles del sector en los últimos años.
“Cobrar lo que es nuestro”: el conflicto sigue sin salida clara
Los trabajadores insisten en que su reivindicación es básica: el abono inmediato de las nóminas pendientes y la posibilidad de retomar la actividad en condiciones dignas y seguras. En sus intervenciones públicas, la plantilla ha reiterado que no se trata de una demanda política sino laboral y legal, en línea con el mensaje que ya habían trasladado en Oviedo durante su llegada a la capital asturiana tras la marcha minera. El conflicto ha ido escalando también en el plano institucional, con distintos encuentros entre la representación de los trabajadores y grupos parlamentarios, así como con el propio Gobierno del Principado de Asturias.
El gesto de apoyo en el Congreso se suma a la atención política que ya había generado el caso en Asturias. El Gobierno autonómico ha abierto distintas vías de análisis para intentar desbloquear la situación de la concesión minera, incluida la posibilidad de estudiar su caducidad y una nueva licitación del yacimiento. La explotación, considerada estratégica por su carácter de carbón coquizable, se encuentra en el centro de un debate que mezcla empleo, industria y viabilidad jurídica del proyecto. Mientras tanto, la plantilla mantiene su reclamación principal sin cambios: cobrar lo adeudado y recuperar una actividad que, a día de hoy, sigue paralizada.
