El Gobierno entiende que los términos de dicha prórroga, firmados por el PP en 2000, constituyeron una modificación sustancial del contrato, y afea al Consejo de Ministros que no analizase en profundidad la solicitud de revisión de oficio, inadmitida en abril
Era algo más que previsible. Una posibilidad a solo un paso de convertirse en un hecho consumado, especialmente después de que la Federación Asturiana del Empresarios (FADE) y las patronales del sector del transporte hiciesen lo propio a mediados de mayo. Y, al fin, ese último paso entre lo posible y lo real ha sido dado. Este lunes el Consejo de Gobierno del Principado daba luz verde a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, a fin de tumbar la decisión, acordada en abril por el Consejo de Ministros, de inadmitir la solicitud de revisión de oficio de la prórroga de la concesión del peaje de la autopista del Huerna, la AP-66, hasta el año 2050. De este modo, el Ejecutivo asturiano abre de par en par la puerta de la vía judicial para intentar desautorizar la postura de Madrid y, en un horizonte más lejano, acabar de una vez por todas con un peaje que es, a juicio de consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, «un agravio histórico que castiga a la ciudadanía y las empresas». Todo ello, de forma complementaria y compatible con el procedimiento de infracción en el ámbito de la Comisión Europea, actualmente en curso.
Como se ha dicho, que el Principado diese este paso era algo esperable y esperado, toda vez que FADE y las patronales ASETRA-CETM, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR ya acudieron al supremo el mes pasado. Ahora bien, si entonces esas seis organizaciones llevaron sus argumentos al terreno de la competitividad, ahora Calvo y su equipo han puesto el foco en el aspecto jurisdiccional. Según explicaba el consejero, en el momento de decidir la inadmisión el Consejo de Ministros «no entró en el fondo» de la solicitud de revisión de la prórroga, por lo que las razones profundas que la motivaron no fueron debidamente ponderadas. A ese respecto, Calvo recordaba que dicha prórroga, firmada por un Gobierno del PP y que ampliaba la vigencia del acuerdo, suscrito en 1975, hasta 2050, constituyó «una modificación sustancial del contrato original, equiparable a una nueva adjudicación», pero sin que se convocase una nueva licitación pública. Siendo así, se habrían incumplido varios principios esenciales, como el de libre competencia, igualdad de trato, transparencia y concurrencia, acumulándose «indicios de vulneración del derecho europeo y nacional».
A la espera de que se consume la táctica anterior, el Principado volvía a abogar este lunes por la suspensión del pago de la tarifa en el Huerna, aduciendo, entre otros motivos, la sustancial «merma de la calidad del servicio» a consecuencia de las obras en curso en varios tramos del trazado de la AP-66.
