Tensión por las plazas escolares en las Cuencas: decenas de familias se sienten «expulsadas» de los colegios que eligieron

Padres de tres colegios concertados denuncian una «estrategia deliberada» para vaciar sus centros y exigen una reunión urgente con la consejera antes de que finalice la matriculación

Las familias afectadas por el proceso de escolarización en los colegios concertados Santo Domingo de Guzmán y Lastra, en Mieres, y Beata Imelda-Santo Tomás, en La Felguera (Langreo), han hecho público este jueves un manifiesto conjunto en el que denuncian la falta de respuesta de la Consejería de Educación del Principado de Asturias a las solicitudes de desdoble presentadas para el próximo curso escolar. Los afectados reclaman una reunión urgente con la consejera de Educación y advierten de que agotarán todas las vías legales, administrativas y judiciales si no se atienden sus demandas.

Bajo el nombre de Colectivo de Familias Unidas de las Cuencas por la Conciliación y la Libertad de Enseñanza, los firmantes expresan su “profunda indignación” por lo que consideran una actitud de “silencio” por parte de la Administración autonómica. Según señalan, las reclamaciones registradas formalmente para solicitar nuevas unidades educativas continúan sin respuesta cuando apenas quedan días para que concluya el plazo de matriculación.

Las familias aseguran que ya han solicitado por los cauces institucionales un encuentro con la titular de Educación para exponer personalmente la situación y pedir una reconsideración de las decisiones adoptadas. En el comunicado insisten en que su reivindicación no responde a motivos ideológicos ni pretende cuestionar la calidad de los centros públicos de los municipios afectados.

“Tenemos plena confianza en la calidad de sus docentes”, afirman, subrayando que la movilización tiene como principal objetivo defender la conciliación de la vida laboral y familiar. En este sentido, denuncian que la reubicación de alumnado en otros centros educativos supondría una alteración significativa de la organización diaria de numerosas familias de las cuencas del Caudal y del Nalón.

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Los afectados advierten de que los horarios de los centros públicos a los que podrían ser derivados no se ajustan a sus necesidades familiares y laborales, lo que obligaría a algunos progenitores a reducir sus jornadas de trabajo para poder acompañar a sus hijos al colegio. A su juicio, esta situación tendría además importantes consecuencias económicas para los hogares afectados.

Uno de los puntos centrales de la protesta se encuentra en el caso del colegio Santo Domingo de Guzmán de Mieres. Según las familias, el centro recibió 41 solicitudes en primera opción para el próximo curso, una cifra que, sostienen, justificaría la creación de una segunda unidad educativa. Además, aseguran que el colegio dispone de espacio suficiente y habría planteado una alternativa que no supondría un incremento de costes para la Administración mediante la amortización de una línea de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Sin embargo, denuncian que esta petición ha sido rechazada mientras que, según afirman, un centro público de Mieres obtuvo autorización para una segunda línea con 34 solicitudes en primera opción. Esta circunstancia es interpretada por los afectados como una muestra de “discriminación” y de la existencia de un “doble rasero” en la aplicación de los criterios de escolarización.

El manifiesto también defiende el derecho de las familias a elegir el proyecto educativo de sus hijos. Los firmantes recuerdan que los tres centros concertados ofrecen un itinerario educativo completo desde los tres años hasta la finalización de la ESO, por lo que consideran que la negativa a conceder plazas en el inicio de la etapa escolar dificulta la planificación educativa a largo plazo y limita la libertad de elección reconocida en la normativa vigente.

Además, sostienen que la situación no responde a una simple reorganización de recursos, sino a una estrategia destinada a favorecer el traslado de alumnado hacia la red pública. En este contexto, critican que los estudiantes sean utilizados como “números” para cubrir plazas en otros centros con menor demanda.

Pese a que previsiblemente formalizarán las matrículas en los centros asignados durante la próxima semana para no perder plaza, las familias anuncian que lo harán bajo reserva expresa de emprender acciones legales. Entre las medidas que contemplan figura la solicitud de medidas cautelares urgentes.

Con todo, los afectados aseguran que mantienen la esperanza de que la Consejería acceda a recibirles antes de que finalice el proceso de matriculación y confían en que pueda alcanzarse una solución dialogada que atienda la demanda planteada por las familias de los tres centros concertados de las Cuencas.