La tercera de dichas organizaciones carga contra las otras dos, y contra la Consejería de Educación; rechaza estar actuando «en contra de la FP pública» al dar voz a los docentes afectados, y recuerda que «debe cumplirse el convenio internacional»
La polémica que, de unos meses a esta parte, rodea al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Mar, emplazado en Gijón, está ganando en virulencia, en complejidad y, sí, también en actores con papeles protagonistas. Si este jueves Comisiones Obreras (CCOO) acusaba a la derecha y a la Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF) de conducir una «campaña de desprestigio» contra el citado centro, al dar por válidas las quejas de una parte del profesorado sobre un supuesto incumplimiento de la normativa internacional y nacional en materia de formación náutica, ayer esa postura recibía el refuerzo de la Unión General de Trabajadores (UGT), cuyos representantes calificaban las críticas al CIFP de «ataque injustificado». Ahora bien, no fueron los únicos en alzar la voz; también este viernes hacían lo propio desde CSIF, tanto para afear el posicionamiento de los dos sindicatos anteriores, y de la Consejería de Educación, como para exigir «transparencia» y «el cumplimiento del convenio internacional».
El primero en pronunciarse era el sector de Enseñanza de UGT. Por medio de una nota de prensa, la organización salió al paso del temor, propagado por PP, Foro y Vox en la Junta General del Principado, a que el CIFP del Mar pueda perder la homologación de sus títulos que otorga Marina Mercante. «Este tipo de declaraciones, carentes de rigor y sustentadas en afirmaciones alarmistas, generan incertidumbre entre el alumnado y sus familias, y perjudican gravemente la imagen de un sistema educativo que se sustenta, precisamente, en la cualificación y el compromiso de sus profesionales», sentenciaron fuentes del sindicato. En ese sentido para UGT «la crítica constructiva y fundamentada es legítima, pero no lo es el descrédito generalizado, ni la utilización de la educación como herramienta de confrontación política o sindical». Máxime teniendo en cuenta que el centro «desempeña un papel clave en la formación de profesionales, siendo un referente consolidado cuya trayectoria no puede ser empañada por intereses ajenos a la realidad educativa».
También ayer, y poco después, llegaba la réplica desde las filas de CSIF. Y su tono, obviamente, era bien distinto… Dolido por los ataques, el sindicato rechazó cualquier acusación de «estar actuando contra la FP pública», y detalló que «los docentes con habilitación ya existen, están en el centro y están en regla; no entendemos el empeño de la dirección del centro y de Educación en apartarlos de los módulos que les corresponden por un convenio internacional que está por encima de cualquier decisión interna». La mencionada Consejería también se llevó lo suyo por parte de CSIF. Afeó a su titular, la socialista Eva Ledo, que «su silencio es lo único que ha puesto en riesgo el prestigio del centro», y reconoció que sus recientes peticiones de «prudencia» son «difíciles de entender; la prudencia se demuestra dando respuesta a las reuniones que pedimos, no pidiendo calma cuando el problema ya es público». Por último, exigió «el cese inmediato de cualquier amenaza o incertidumbre sobre la continuidad de los docentes habilitados», una serie de «garantías de que el alumnado no sufrirá las consecuencias de la gestión», y «transparencia total sobre los criterios de asignación de horarios y módulos».
