Las críticas se acumulan tras el anuncio que desvía las mercancías peligrosas por Aboño
La decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de incluir los accesos al puerto de El Musel a través de los túneles de Aboño en la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP) ha abierto un nuevo frente político en Gijón. Lo que para el PSOE supone un avance hacia la consolidación de Aboño como acceso prioritario al puerto, para el resto de fuerzas representa una medida insuficiente que no resuelve el principal problema: los más de mil camiones que continúan atravesando cada día el barrio de La Calzada por la avenida de Príncipe de Asturias.
La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, permitirá que los transportes de mercancías peligrosas accedan a El Musel por los túneles de Aboño en lugar de hacerlo por el casco urbano gijonés. La medida ha sido celebrada por el Gobierno central, el Principado y la Autoridad Portuaria como una respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos del oeste de la ciudad.
Sin embargo, la oposición y buena parte de los grupos municipales coinciden en que se trata únicamente de un primer paso y cuestionan tanto su alcance como el momento elegido para su aprobación.
Desde el Gobierno municipal, el portavoz y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, valoró positivamente cualquier actuación que contribuya a reducir el tráfico pesado en La Calzada, aunque mostró reservas sobre el verdadero impacto de la medida.
«Es una buena noticia todo lo que implique sacar tráfico pesado de La Calzada», señaló, aunque reclamó conocer cuántos camiones dejarán realmente de circular por Príncipe de Asturias, recordando que la resolución únicamente afecta al transporte de mercancías peligrosas.
Martínez Salvador también aprovechó para lanzar un reproche al Ejecutivo central y al Principado. A su juicio, resulta llamativo que una medida tan reclamada por el barrio haya tardado tres años en adoptarse desde que se descartó el proyecto del vial de Jove. Además, sostuvo que la resolución desmonta las acusaciones vertidas en los últimos años contra el Ayuntamiento.
«La nota de prensa de la Delegación del Gobierno confirma que el Ayuntamiento de Gijón no tenía ninguna competencia en este ámbito», afirmó, en referencia a las declaraciones del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, quien había señalado anteriormente que la retirada de camiones de Príncipe de Asturias dependía en parte del Consistorio.
Las críticas más duras llegaron desde el Partido Popular. El presidente del PP de Gijón y diputado regional, Andrés Ruiz, calificó de «bochornoso» que el PSOE presente esta medida como un éxito a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas.
Para Ruiz, el anuncio constituye un nuevo «engaño electoral» que no aborda el problema estructural de los accesos portuarios. El dirigente popular recordó que el acceso principal a El Musel continúa siendo una vía urbana que atraviesa una zona densamente poblada.
«Ahora nos venden como un éxito que se vaya a hacer un pinchazo previo a la llegada a El Empalme y que el Gobierno haya incluido en el RIMP la carretera de Aboño», criticó.
El diputado popular lamentó además que el vial soterrado de Jove haya quedado enterrado definitivamente y denunció la falta de avances en el desdoblamiento de la GJ-10. Según sus cálculos, más de mil camiones seguirán circulando diariamente por Príncipe de Asturias pese a la nueva resolución.
En términos similares se expresó Vox. Su portavoz municipal, Sara Álvarez Rouco, definió la medida como un simple «parche» impulsado con fines electoralistas.
«Poco o nada resuelve en relación al problema que ellos mismos crearon», afirmó la edil, quien considera que la situación de los accesos portuarios sigue siendo impropia de una infraestructura estratégica como El Musel.
Rouco insistió en que la contaminación acústica y ambiental seguirá afectando a los vecinos de La Calzada y lamentó que continúen sin ejecutarse las grandes actuaciones prometidas durante años.
«La realidad es que los camiones siguen cruzando La Calzada, la contaminación sigue causando estragos y los accesos al puerto continúan siendo tercermundistas», aseguró, llegando incluso a ironizar con que la actuación «no llega ni a pobre remiendo».
Podemos también pidió prudencia y rechazó los mensajes triunfalistas. La portavoz municipal, Olaya Suárez, reconoció que la medida supone un avance y atribuyó el movimiento a la presión ejercida durante años por los colectivos vecinales.
«Se nota que la presión del movimiento popular tiene efecto y por fin se ven pasos adelante», señaló.
No obstante, advirtió de que el transporte de mercancías peligrosas representa solo una parte del tráfico pesado que soporta diariamente La Calzada. Por ello, reclamó continuar avanzando hasta lograr que Aboño se convierta en el único acceso industrial al puerto.
La misma línea mantuvo Izquierda Unida. La formación destacó que la decisión demuestra que la competencia para actuar correspondía al Ministerio de Transportes y no al Ayuntamiento, como se había sostenido en distintos momentos del debate político.
Para IU, la habilitación de Aboño para mercancías peligrosas puede contribuir a mejorar la seguridad y reducir parcialmente la contaminación, pero insistió en que el problema principal permanece intacto.
«Por Príncipe de Asturias van a seguir circulando más de mil camiones al día. No caben los triunfalismos», señalaron.
La coalición reclamó además la eliminación total del tráfico pesado de La Calzada y defendió la transformación de la avenida de Príncipe de Asturias en un gran bulevar urbano que integre los barrios del oeste y del sur de Gijón.
Frente a las críticas, el PSOE gijonés defendió la importancia del paso dado. El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, celebró tanto la incorporación del corredor Aboño-Musel al RIMP como la licitación de las obras para crear un nuevo vial en el nudo de El Empalme.
A su juicio, ambas actuaciones constituyen «un avance, aunque sea humilde», hacia la consolidación de Aboño como acceso prioritario para los camiones que se dirigen al puerto.
García destacó además la coordinación entre el Gobierno de España, el Principado y la Autoridad Portuaria, y reivindicó el papel desempeñado por las asociaciones vecinales de La Calzada, cuyas movilizaciones consideró determinantes para alcanzar este resultado.
Mientras tanto, el debate sobre los accesos a El Musel sigue abierto. La resolución aprobada este viernes saca de la ciudad una parte del tráfico más sensible, pero deja pendiente la gran cuestión que enfrenta desde hace décadas a administraciones y vecinos: cómo eliminar definitivamente el paso de miles de camiones por el corazón de La Calzada.
