El acusado, de 46 años, perpetró los abusos cuando la víctima, hija de su sobrina, apenas sumaba quince; llegó a amenazar a la joven con matarla, o con acabar con la vida de su familia, si revelaba lo ocurrido, y en una ocasión la dejó embarazada
Asturias ha quedado conmocionada por uno de los últimos casos que han llegado a la Audiencia Provincial. En la mañana de este miércoles su Sección Segunda, con sede en Oviedo, dejaba visto para sentencia el proceso contra cierto hombre, encarcelado en el Centro Penitenciario del Principado, que a comienzos de 2024, aprovechando sus permisos de fin de semana, habría agredido sexualmente, en varias ocasiones, a una de las hijas de su sobrina, de solo quince años y con una discapacidad del 40% reconocida. El acusado llegó al extremo de amenazar con matar a la joven o a su familia si revelaba lo ocurrido, y en cierta ocasión la dejó embarazada, lo que requirió una interrupción voluntaria de la gestación. Por todo ello, el Ministerio Fiscal pide que se le imponga una pena de quince años de prisión.
Según la información facilitada por la Fiscalía el procesado, nacido en 1980, obtuvo el tercer grado penitenciario en los primeros compases de 2024, y los fines de semana acudía a pernoctar al domicilio de su sobrina, quien residía en la vivienda con su pareja y sus cinco hijos; entre ellos, la víctima. En un primer momento se ganó la confianza de la menor obsequiándola frecuentemente con regalos, manifestándole su amor y prometiéndole que ambos se casarían. Sin embargo, una noche el reo dio un paso más: accedió a la habitación de la joven mientras el resto de la familia dormía, cerró la puerta a su espalda y procedió a agredirla sexualmente. Fue el primero de varios asaltos -constan, al menos, otros tres, aunque podrían ser más-; durante todos ellos las súplicas de la menor, y sus peticiones para que el hombre se detuviese cayeron en saco roto. Fue entonces cuando llegaron las amenazas de muerte.
Afortunadamente, el caso llegó a oídos de las autoridades competentes; de ahí que ahora se solicite la pena antes mencionada. A mayores de esos quince años de cárcel, el Ministerio Fiscal reclama otros ocho de libertad vigilada, la prohibición de que el acusado se acerque a menos de 500 metros de la víctima durante dieciséis años más, y la inhabilitación especial para profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores durante dos décadas. Por último, en concepto de responsabilidad civil, solicita que el procesado indemnice a la menor con 15.000 euros, más la cantidad que se determine para sufragar los gastos derivados de la interrupción del embarazo.
