Los estafadores consiguieron introducir mensajes fraudulentos en el mismo hilo de comunicaciones del banco y vincular otro dispositivo a la cuenta de la víctima
La Audiencia Provincial de Asturias ha vuelto a fallar contra Unicaja por un caso de fraude bancario. La Sección Sexta, con sede en Oviedo, ha desestimado el recurso de apelación presentado por la entidad financiera y ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana, que obliga al banco a devolver 9.999 euros a una clienta de la cuenca del Nalón, víctima de una estafa informática. La entidad también deberá asumir las costas judiciales y los intereses legales acumulados desde 2022.
La resolución supone una nueva victoria judicial para la Unión de Consumidores de Asturias, organización a la que pertenece la afectada y que asegura haber conseguido ya más de 200 sentencias condenatorias contra Unicaja en los juzgados asturianos por casos relacionados con fraudes bancarios y discrepancias sobre la responsabilidad de las operaciones no autorizadas.
Una estafa que aprovechó la fusión de Liberbank y Unicaja
Los hechos se remontan al 8 de junio de 2022, cuando la afectada sufrió una estafa mediante técnicas de suplantación de identidad bancaria. Los delincuentes se hicieron pasar por Liberbank, entidad que ya se había fusionado con Unicaja, utilizando mensajes SMS fraudulentos y llamadas telefónicas para conseguir que la víctima facilitara sus claves de acceso.
Uno de los elementos determinantes del engaño fue que los mensajes fraudulentos aparecieron en el mismo hilo de conversación en el que la clienta recibía habitualmente las comunicaciones auténticas de su banco. Esta circunstancia dificultaba que pudiera distinguir las notificaciones legítimas de las enviadas por los estafadores.
Durante el procedimiento judicial, Unicaja defendió que la responsabilidad del fraude correspondía a la afectada, al haber introducido sus credenciales bancarias en una página web clonada por los delincuentes.
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha rechazado los argumentos de la entidad y ha puesto el foco en las deficiencias de los mecanismos de seguridad empleados para autorizar las operaciones.
En concreto, el tribunal considera que el mensaje enviado por el banco para completar la autenticación reforzada, que incluía la indicación «Introduce la clave… para finalizar con la vinculación de dispositivo», resultaba «ambiguo», «poco claro» y «susceptible de inducir a error».
La comunicación no explicaba suficientemente que, al introducir aquella clave, la clienta estaba permitiendo que un tercero vinculara otro dispositivo a su cuenta bancaria y pudiera acceder a ella.
Una transferencia de 9.999 euros que no activó las alarmas
La resolución judicial también cuestiona que Unicaja no bloqueara ni sometiera a una revisión adicional una transferencia de 9.999 euros, realizada el mismo día en que se había modificado el teléfono móvil vinculado a la cuenta.
El importe de la operación se situaba apenas un céntimo por debajo del límite establecido para activar determinados controles de seguridad.
Para el tribunal, la combinación de ambas circunstancias —el cambio de dispositivo y la ejecución inmediata de una transferencia de elevada cuantía— constituía una señal de alerta que la entidad debería haber tenido en cuenta.
La sentencia confirma así la obligación de Unicaja de reintegrar el dinero sustraído, sin atribuir a la afectada una negligencia que permita al banco eludir su responsabilidad en este caso.
Más de 200 sentencias contra Unicaja, según Consumidores Asturias
Desde la Unión de Consumidores de Asturias aseguran que este procedimiento no constituye un episodio aislado. La organización sostiene que acumula más de 200 sentencias favorables frente a Unicaja en los juzgados asturianos por controversias similares relacionadas con operaciones bancarias fraudulentas.
Su presidente, Dacio Alonso, denuncia que la entidad continúa rechazando las solicitudes de reembolso por la vía extrajudicial, lo que obliga a los afectados a acudir a los tribunales para intentar recuperar sus ahorros.
«Es inadmisible que un banco obligue una y otra vez a sus clientes a pasar por los juzgados para defenderse de una negligencia grave que nadie ha demostrado», afirma Alonso.
La asociación considera que esta práctica provoca un importante desgaste económico y psicológico entre los consumidores, algunos de los cuales podrían desistir de sus reclamaciones ante la perspectiva de afrontar un procedimiento judicial.
La Unión de Consumidores de Asturias asegura que continuará defendiendo a los afectados y promoviendo nuevas reclamaciones judiciales mientras Unicaja mantenga su actual posición ante este tipo de fraudes.
