Califica de «extremadamente grave» que «la Administración haga pública su posición y traslade a los medios las conclusiones de un informe antes de que los propios interesados hayan podido siquiera conocerlo»; analizará todas las vías legales disponibles tras estudiar el documento de la CUOTA
Horas después de que el Gobierno asturiano, a través de unas declaraciones del director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz, anunciara las conclusiones del informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) sobre el proyecto urbanístico La Forca, junto a El Barrigón, en la parroquia colunguesa de La Isla, que obligan a reducir a la mitad el número de chalés previstos y levantarlos en la zona más alejada a la costa, la propiedad de los terrenos incluidos en la actuación urbanística reaccionó con declaraciones en las que cuestiona la objetividad e imparcialidad con la que se está tramitando el expediente. Así, considera «especialmente grave que la Comisión Permanente que ha emitido el pronunciamiento contrario a la actuación haya estado presidida precisamente por el director general de Ordenación del Territorio», ya que «según la información y documentación de la que dispone la propiedad, ese mismo director general habría participado previamente en reuniones de la plataforma constituida expresamente para oponerse a la actuación urbanística de El Barrigón».
Así, ponen en duda «si concurrían las condiciones necesarias para garantizar la plena objetividad e imparcialidad de su posterior intervención institucional» y apunta que «no estamos ante una cuestión menor ni ante una simple discrepancia urbanística. La imparcialidad de quienes intervienen en un procedimiento administrativo constituye una garantía esencial para los ciudadanos y para los propietarios afectados por las decisiones de la Administración». De igual forma, tras enterarse de todo por la prensa, señalan que «resulta difícilmente admisible» que «la Administración haga pública su posición y traslade a los medios las conclusiones de un informe antes de que los propios interesados hayan podido siquiera conocerlo». Entienden que «no parece razonable» conocer así esta «decisión administrativa que afecta directamente a sus derechos e intereses», mientras «se realizan declaraciones públicas categóricas sobre la supuesta ilegalidad de la actuación» sin disponer la propiedad todavía «del documento que permitiría conocer los razonamientos que sustentan tales afirmaciones».
En ese sentido, aseguran que «la propia CUOTA emitió en 2023 un pronunciamiento favorable respecto de la actuación sin formular las objeciones que ahora se plantean» y que «todos los informes sectoriales emitidos hasta la fecha y conocidos por la propiedad han sido favorables, incluidos los correspondientes a Cultura, Carreteras, Confederación Hidrográfica y Costas». Añaden además que es «particularmente significativo» el pronunciamiento de Costas, «que modificó la servidumbre de protección y la situó en 20 metros precisamente como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 2011». También que «la propia información difundida este jueves reconoce expresamente que, tras aquella sentencia, la Demarcación de Costas modificó la servidumbre de protección hasta los 20 metros». Así, exigirá «conocer qué circunstancias jurídicas o técnicas justifican que la CUOTA mantenga ahora una posición diferente y cómo se concilia el nuevo criterio con los antecedentes administrativos y sectoriales existentes».
Sobre la decisión judicial del TSJA, interpretada erróneamente según Ruiz basándose en el informe de la CUOTA, apunta que «si la Administración autonómica considera ahora que el cumplimiento o pleno acomodo de aquella sentencia exigía modificar el POLA, el PESC o cualquier otro instrumento de ordenación territorial, deberá explicar por qué durante aproximadamente quince años no promovió las modificaciones que ahora pretende considerar necesarias». Por último, declaran que no son 28 los chalés previstos en la intervención urbanística —en una publicación en redes el mes pasado hablan de 18— y que analizarán todas las vías legales disponibles tras estudiar con detenimiento el expediente de la CUOTA para exigir que la actuación en La Forca «sea examinada exclusivamente conforme a Derecho, con absoluto respeto a los pronunciamientos judiciales existentes y con todas las garantías de objetividad e imparcialidad que resultan exigibles a cualquier Administración pública».
