La empresa pública sostiene que la inquilina acumula impagos desde 2021 y que se han incumplido varios acuerdos de pago, mientras el sindicato asegura que existe una resolución judicial que obliga a la Administración a buscar una alternativa por su situación de vulnerabilidad
La caída de la moratoria antidesahucios reactivó el pasado marzo el caso de una mujer de Nuevo Roces, víctima de violencia de género y con una hija de nueve años a su cargo, que afrontaba el desahucio de la vivienda pública de VIPASA en la que reside. El procedimiento, que entonces estaba previsto para el 5 de mayo, vuelve ahora a situarse en el centro del debate ante un nuevo lanzamiento fijado para el próximo martes, 29 de septiembre. Para entender el caso hay que remontarse a 2019, cuando la mujer accedió a una vivienda social después de sufrir una situación de violencia de género.
Ahora, el Sindicato de Inquilinas, Amnistía Internacional, Suatea y el Sindicato de Vivienda de Asturias han vuelto a reclamar a VIPASA que paralice el lanzamiento y garantice una alternativa habitacional para la madre y la menor. Y lo han hecho este viernes frente a las oficinas de la empresa pública en Oviedo. Los colectivos sostienen que la mujer se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y que existe una resolución judicial que reclama a la Administración una alternativa habitacional. Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, aseguraba esta mañana que la mujer dejó de percibir durante un periodo las ayudas vinculadas a su condición de víctima de violencia de género, lo que habría provocado la acumulación de una deuda. Posteriormente, según su versión, comenzó a percibir el ingreso mínimo vital y estaría en condiciones de afrontar actualmente un alquiler asequible.
El sindicato reclama por ello que VIPASA desista de la demanda y permita a la familia permanecer en la vivienda o, en su defecto, facilite una alternativa adecuada. También cuestiona que la situación pueda resolverse únicamente mediante el desalojo y sostiene que la mujer estaría dispuesta a formalizar un nuevo contrato y comenzar a pagar el alquiler. Desde Suatea, Nuria García ha incidido especialmente en la situación de la menor. El sindicato docente reclama que, en caso de que sea necesario un cambio de vivienda,la alternativa tenga en cuenta su arraigo en la zona y permita mantener su escolarización y su entorno educativo. Más de un centenar de docentes y el director del centro escolar de la niña han firmado, según los convocantes, un informe en el que advierten de las consecuencias que un desahucio podría tener para la menor.
VIPASA sostiene que se intentó negociar durante años
La versión de VIPASA difiere sustancialmente. La gerente de la empresa pública, Marta Pulgar, ha defendido frente a la misma oficina que la Administración no pretende desalojar a personas que atraviesan dificultades económicas sobrevenidas y ha puesto como ejemplo el protocolo de impagados, en el que, según sus datos, están actualmente más de 2.000 familias. Este mecanismo permite, ha explicado, renegociar las rentas y establecer fórmulas de pago adaptadas a las circunstancias económicas de los inquilinos.
En el caso concreto de esta mujer, Pulgar ha señalado que accedió al parque público de viviendas en 2019 y que dejó de pagar en 2021. Según la gerente, VIPASA mantuvo diferentes intervenciones durante los años siguientes y en 2022 se habría acordado incluso un sistema de pagos parciales de 20 euros mensuales, que, según su relato, tampoco se habría cumplido de forma continuada. Pulgar ha situado además los ingresos actuales de la mujer en torno a los 1.200 euros mensuales y ha indicado que la renta de la vivienda era de 67 euros, a los que se sumaban otros 65 euros en concepto de comunidad. Según la responsable de VIPASA, la empresa no estaría reclamando en este momento únicamente el pago de la deuda, sino que pretende que se cumplan las obligaciones asociadas al uso de una vivienda pública.
La gerente también ha aludido a problemas de convivencia en la comunidad de Nuevo Roces. Según ha explicado, VIPASA habría recibido quejas vecinales y se habrían producido diferentes intervenciones, incluidas cinco actuaciones policiales durante el último año, además de intervenciones de una entidad especializada en mediación y convivencia. Además, VIPASA sostiene que estas actuaciones se realizaron durante años con el objetivo de resolver el conflicto por vías sociales y de mediación y que no habrían dado resultado. Pulgar ha defendido que los residentes del parque público tienen derecho a una vivienda, pero también obligaciones respecto al pago y a la convivencia con el resto de vecinos.
El sindicato niega las denuncias vecinales
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha rechazado estas afirmaciones. Andrés García ha asegurado que «no hay ningún tipo de denuncia» contra la mujer yha cuestionado que se vincule el desahucio con problemas de convivencia. El portavoz ha defendido que la cuestión que origina el procedimiento es el impago y ha insistido en que su representada podría asumir actualmente un alquiler asequible. «Nuestra compañera puede hoy mismo firmar un nuevo contrato con un alquiler asequible y empezar a pagarlo», ha señalado García, que ha reclamado a VIPASA que negocie una solución en lugar de ejecutar el lanzamiento.
Ahora, a pocos días del lanzamiento previsto, las organizaciones sociales y sindicales vuelven a reclamar una solución. Además de exigir la paralización del desahucio, han pedido a la Consejería de Derechos Sociales que, si finalmente se produce, garantice una alternativa habitacional para la madre y su hija.
