Según la organización sindical los afectados, un matrimonio con una hija de seis años a su cargo, llevaban meses sufriendo las tácticas «de acoso» de varios jóvenes contratados por la propietaria del inmueble, que no aceptó ninguna negociación
Además de paralizar la expulsión, la sentencia decreta el fraccionamiento de la deuda contraída, lo que permitirá a los inquilinos abordarla, toda vez que en estos meses su situación económica ha mejorado lo suficiente para ello
Con los ánimos de buena parte de España cada vez más caldeados por la situación crítica del mercado inmobiliario, y con el fracaso de los dos ‘decretos Maricarmen’ en el Congreso ya dibujándose en el horizonte, este viernes ha traído, sin embargo, una buena noticia en ese sentido. Según han notificado fuentes del Sindicatu Vivienda d’Asturies (SVA), la Justicia ha decretado la paralización del desahucio de Chus, de su mujer y de su hija de seis años, la familia con domicilio en un piso de El Berrón a la que la propietaria del inmueble pretendía expulsar. Un caso que puso en guardia a la sociedad sierense; sobre todo después de que, según afirma la entidad sindical, la dueña de la vivienda contratase a varios jóvenes de la localidad para que ejerciesen como ‘desokupadores’, acosando durante meses a los inquilinos. Ahora la sentencia, frente a la que cabe la interposición de recurso, decreta el fraccionamiento de la deuda contraída por la familia. Y eso ha sido recibido por sus miembros como un balón de oxígeno en toda regla, ya que les permitirá sufragarla, toda vez que en este tiempo sus situación económica ha mejorado lo suficiente para ello.
«La sensación ha sido de alivio absoluto; estaban en un sinvivir, sin saber si acabarían en la calle, sin saber qué sería de la pequeña…», reconocen en SVA, cuyos integrantes han mantenido un contacto constante con Chus y los suyos desde abril. Con ocho años de residencia en el domicilio en cuestión, hace tiempo el cabeza de familia sufrió un accidente que le condenó a permanecer en una silla de ruedas, mientras que su mujer tiene diagnosticadas afecciones psíquicas. Ese conjunto de problemas les llevó a un momento de dificultad económica que «les impidió hacer los pagos del alquiler con regularidad». No obstante, la dueña del piso «no quiso negociar un nuevo contrato, ni tan siquiera sentarse a hablar con ellos». Más bien, todo lo contrario. Al poco de comenzar los impagos, «empezó con las demandas y, luego, pagó a gente joven de la zona para que acosase a la familia». Sin que conste vinculación alguna de dichos jóvenes con empresas regulares de ‘desokupación’, el catálogo de tácticas desplegadas por ellos fue, sin embargo, muy similar: «amenazas verbales, golpes en la puerta, abordajes por la calle…». A consecuencia de ellos, la menor «tuvo serios problemas de salud mental y física».
Si bien la sentencia judicial no recoge lo referente al acoso, ya que, en palabras del SVA, «no hubo forma de demostrarlo en el juicio», el resultado cosechado es percibido, por ellos y por los inquilinos afectados, como una victoria en toda regla. «Ahora podrán volver a tener una vida normal, en la que ha sido su casa durante tantos años, y con su economía algo mejor; eso, para su estabilidad, es esencial», acotan. No obstante, pese a haber ganado esta batalla, en el sindicato no olvidan que la guerra continúa en marcha. «Las empresas de ‘desokupación’ siguen operando en Asturias, demostrando que asistimos a un auge del fascismo, y su complicidad con el rentismo y los Gobiernos que lo protegen», advierten. Por eso, su sentencia de despedida resulta esperable: animan «a todas las familias que estén así a que se organice en los sindicatos, colectivos o asambleas. No están solas, y las cosas, manteniéndonos todos juntos, pueden llegar a cambiar».
