El fin de la crisis de la vivienda y la fijación de salarios dignos son las reivindicaciones centrales de una convocatoria que aún no tiene fecha, pero que pretende aprovechar el malestar generalizado para forzar al Gobierno que salga del 29N a tomar medidas
Catorce años y medio después de la última vez que sucedió, España volverá a la huelga general. Así lo confirmaban este lunes fuentes oficiales de los dos sindicatos de clase mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), sumándose de ese modo al llamamiento hecho en los días previos por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Y si, en aquel marzo de 2012, el objetivo de las movilizaciones fue presionar al Gobierno de Mariano Rajoy para que derogase la reforma laboral -meta que, a la postre, no se alcanzó-, esta vez son dos las reivindicaciones que motivarán los paros, las proclamas y los mensajes recogidos en las pancartas: el fin de la crisis de la vivienda, y el establecimiento de salarios dignos que permitan encarar el aumento de su coste. Exigencias ambas dirigidas no tanto al actual Ejecutivo en funciones, como a aquel que saldrá de las urnas en los comicios del 19 de noviembre. Eso sí, la huelga todavía carece de fecha concreta, aunque desde ambas organizaciones sindicales se asegura que será este otoño.
El que el pasado viernes el Congreso de los Diputados rechazase los dos decretos de vivienda planteados por el Gobierno central -los llamados unitaria y coloquialmente ‘decreto Maricarmen’-, con el consiguiente incremento del malestar social, ha sido la motivación final para que CCOO y UGT den el paso. En ese sentido, representantes de las dos centrales sindicales aclaraban ayer que la convocatoria se ajusta al VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el marco del cual se pusieron sobre el tapete subidas salariales de entre el 4% y el 7%, con cláusulas de revisión. Eso, por lo que respecta a la parte salarial; sin embargo, en cuanto a la de la vivienda, la justificación dada es que la huelga se acomoda al contenido del ‘Decálogo por el derecho a la vivienda’, que exige un pacto social, la limitación de alquileres, la creación de un parque público de viviendas protegida y permanente, y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios. Esos son, en suma, los argumentos teóricos de fondo.
Claro, que también hay un componente práctico: las protestas, concentraciones y acampadas -como la que lleva días desarrollándose en Oviedo- que se suceden a lo largo y ancho del país, en defensa, precisamente, de una vivienda digna y asequible. Con el campamento levantado en la madrileña Puerta del Sol como epicentro de ese movimiento, para CCOO y UGT «las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda; la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen». En ese sentido, ayer lunes una nueva marcha, esta vez celebrada en Barcelona, acabó con cargas policiales cuando algunos de los asistentes se encararon con las unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, si bien varias fuentes coinciden en que se trató de incidentes de escasa relevancia. En cualquier caso, ahora queda ver hasta qué punto la inminente huelga logrará un respaldo de los trabajadores españoles, al menos, similar a la de 2012, que alcanzó un seguimiento estimado por los sindicatos del 70%.
