El edificio lleva años esperando una solución y el PP sospecha que detrás de la falta de inversiones existe una intención que va mucho más allá del ahorro
El futuro de los antiguos juzgados de Decano Prendes Pando vuelve a situarse en el centro del debate político en Gijón. El presidente del Partido Popular gijonés y diputado autonómico, Andrés Ruiz, ha acusado al Gobierno del Principado de Asturias de abandonar progresivamente el inmueble y permitir su deterioro sin ofrecer una solución para su recuperación. Una rehabilitación que, según las últimas estimaciones municipales citadas por el dirigente popular, podría alcanzar los 21 millones de euros.
Ruiz ha trasladado estas críticas durante una intervención en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de la Junta General del Principado, donde ha interpelado al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, sobre las actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico en el edificio durante el último año.
«Ya nadie sabe si siquiera tienen intención de invertir en el edificio para que no se caiga abajo», ha reprochado el parlamentario popular, quien considera que el Gobierno asturiano mantiene la misma posición que hace doce meses, sin avances significativos para garantizar el futuro de las instalaciones.
El dirigente del PP ha ido más allá y ha planteado sus sospechas sobre las verdaderas intenciones del Principado. A su juicio, el Ejecutivo podría estar permitiendo el deterioro de un inmueble emblemático de la ciudad para facilitar posteriormente su venta.
«Lo que pretenden es que un edificio icónico de Gijón se caiga abajo para que ustedes se puedan librar de él y puedan enajenarlo tranquilamente sin que nadie proteste», ha denunciado Ruiz.
Uno de los principales puntos de enfrentamiento entre el PP y el Gobierno autonómico es la financiación de una posible rehabilitación. Ruiz ha recordado que el Principado consiguió cuatro millones de euros procedentes de fondos europeos para una actuación cuya adaptación a los usos previstos habría requerido, según sus cálculos, una inversión de 16 millones.
El diputado ha criticado que el Ejecutivo no haya explorado otras alternativas para recuperar el inmueble, como establecer nuevas vías de colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, buscar financiación estatal o estudiar posibles usos dentro de las propias consejerías.
«No abren vías con el Ayuntamiento, no hacen una propuesta razonable dentro de sus consejerías para recuperar el edificio, no buscan fondos estatales», ha enumerado.
También ha rechazado que el Gobierno autonómico responsabilice al Consistorio gijonés de la situación por no haber aceptado hacerse cargo del edificio a cambio de los cuatro millones de financiación europea.
«El Ayuntamiento no aceptó el pufo», ha defendido Ruiz, quien sostiene que aquella propuesta habría supuesto trasladar a las arcas municipales una importante carga económica.
Comparaciones con el antiguo HUCA
El presidente del PP de Gijón ha establecido además un paralelismo entre la situación de los antiguos juzgados y la del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. A su juicio, ambos inmuebles reflejan una política de desatención hacia determinados edificios públicos que han perdido su función original.
Ruiz ha insistido en que el Principado recibió en su momento las instalaciones judiciales en pleno funcionamiento y que ahora pretende desprenderse de ellas pese a su deterioro y al elevado coste de rehabilitación.
La controversia deja nuevamente sobre la mesa el futuro de uno de los grandes inmuebles públicos pendientes de recuperar en Gijón, sin que, a tenor de las críticas del PP, exista todavía un acuerdo entre administraciones sobre su financiación, titularidad futura o posibles usos.
