La denuncia por presunto espionaje terminó archivada, pero el funcionario permaneció apartado de sus funciones habituales durante un prolongado periodo
Lo que comenzó como un supuesto escándalo de espionaje en el Ayuntamiento de Gijón ha terminado convirtiéndose en un revés judicial para el propio Consistorio. Más de dos años después de que el Gobierno municipal denunciase la existencia de un ordenador presuntamente utilizado para acceder de manera irregular a información municipal, el funcionario señalado ha conseguido una resolución favorable en su demanda por vulneración del derecho al honor. El Ayuntamiento deberá abonarle una indemnización cercana a los 20.000 euros, además de asumir las costas del procedimiento, según la información conocida sobre el fallo.
El origen de esta controversia se remonta a junio de 2024, cuando el Ejecutivo local hizo públicas sus sospechas sobre un equipo informático que aparentemente operaba al margen de los sistemas municipales. Aquellas circunstancias motivaron una denuncia ante la Policía Nacional por la posible comisión de ilícitos penales y situaron bajo sospecha a un trabajador con responsabilidades en el departamento de Informática.
El episodio coincidió temporalmente con otro importante frente político para el Gobierno de Carmen Moriyón: el revuelo mediático provocado por la sentencia del Tribunal de Cuentas que afectaba a la alcaldesa gijonesa.
La investigación del supuesto espionaje, sin embargo, no permitió demostrar las sospechas iniciales. En abril de 2025, el procedimiento penal quedó archivado sin que se acreditase la utilización fraudulenta de información municipal. En el ámbito disciplinario, el expediente terminó reducido a una falta leve relacionada con la modificación de determinados registros de fichaje, sancionada mediante una amonestación escrita.
Pese a ese desenlace, las consecuencias profesionales para el funcionario se prolongaron considerablemente. Las medidas provisionales adoptadas en agosto de 2024 no fueron levantadas formalmente hasta febrero de 2026. Durante ese periodo, el trabajador dejó de desempeñar sus responsabilidades habituales y pasó a realizar tareas vinculadas a las cámaras de tráfico de la Policía Local.
El afectado también denunció el trato recibido desde el inicio del caso. Entre los episodios más controvertidos figura la colocación de carteles en dependencias municipales, en julio de 2024, que ordenaban impedirle la entrada al Ayuntamiento por indicación de Alcaldía, cuando se encontraba de baja médica. Ante esta situación, solicitó protección a la Junta de Personal, que el pasado 24 de marzo acordó por unanimidad concederle amparo. El órgano de representación de los trabajadores también cuestionó la exposición pública de sus datos personales.
Actualmente, el funcionario ha recuperado sus responsabilidades en Informática y desarrolla su actividad en las nuevas instalaciones de la Policía Local. La resolución judicial supone un nuevo capítulo en un episodio que comenzó con graves sospechas de espionaje y que termina, por ahora y a falta de conocer si se presenta recurso, con una indemnización a cargo del Ayuntamiento de Gijón.
