El inmueble, formado por cuatro viviendas y un bajo, fue adquirido ese mes por un fondo de inversiones que ha contratado los servicios de una empresa de desocupación pese, afirman los vecinos, estar todos al día de pago y tener contrato en vigor; el Sindicato de Inquilinas y la Asociación de Vecinos Cimavilla apoyan a los afectados
Una pegatina en la puerta de tres de las cuatro viviendas colocada por la empresa D.I.O. Express, que se anuncia como «especializada en el desalojo de okupas en 48 horas», con un número de teléfono y el texto ‘Rogamos se ponga en contacto con nosotros’ es el último episodio de una serie de acontecimientos que se vienen produciendo en el bloque número 8 de la plaza La Corrada, en Cimavilla, desde mayo, cuando los antiguos propietarios vendieron el inmueble a un fondo de inversión. «Desde entonces ha habido presiones para que nos marchemos. Han cortado los suministros de las zonas comunes, como la luz y los timbres, que no funcionan. No pueden venir los del contador de la luz y del agua a hacer esos registros y tampoco funciona la antena de la televisión», explica Valeria Martínez, vecina y portavoz de los afectados, que ahora deciden dar el paso de dar a conocer su caso con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y de la Asociación de Vecinos Cimavilla tras el aviso recibido por «esta empresa, que es el Desokupa asturiano».
Apunta Martínez que «llamé de forma anónima y me dijeron que había una persona que no pagaba la casa mensualmente y que sólo era un aviso para él. Pero a esa persona no le pusieron la pegatina. Si nosotros estábamos haciendo todo bien, ¿por qué nos ponen la pegatina en la cerradura? ¿Y por qué nos meten ese miedo?». Al respecto, afirma además que «todo el mundo está pagando regularmente, en la primera semana de cada mes», y que todos cuentan con contrato en vigor: «Hay dos casas que llevan viviendo 18 y 11 años aquí con contratos antiguos, por lo que dicen que tienen ese beneficio y que pueden ser expulsados con más antecedencia, y una vecina y yo tenemos el contrato desde el mismo tiempo, abril de 2024, y todavía nos quedan tres años y medio más aquí. Los dos primeros renuevan año a año y nosotras, al estar en zona tensionada, el contrato de 5 años pasaría a ser de 7, hasta 2031».
Tras conocer, a través del Sindicato de Inquilinas, «experiencias de otras personas que han sido compradas por un fondo buitre, sé que esto va más y que éste es el primer toque. Luego empiezan a hacer destrozos, a robar cosas, y es el miedo que tengo». Preguntada sobre si lo que quiere el nuevo propietario es aumentarles la renta, que en el caso de los contratos antiguos estaría sobre los 500 euros, Martínez responde que «no, para nada Lo que quieren es que nos vayamos. Nadie nos ha dicho que nos van a aumentar la renta ni hasta ahora conseguimos hablar con ellos para negociar si fuera el caso. No nos dejan hablar. Lo único que nos han mandado es a D.I.O. Express, de momento, y cortado los suministros».
La sospecha es que el objetivo final es destinar el bloque a pisos turísticos: «En mayo yo recibo un burofax que simplemente dice que este edificio ahora pertenece a este fondo de inversión, y que tengo que hacer los pagos a esta cuenta. El teléfono que aparece en él, que es la única información que tuve cuando se vendió el edificio, es de una empresa de alojamientos turísticos. Entonces, cuando llamo, siempre piensan que estoy en un alojamiento turístico y les tengo que informar que no, que estoy viviendo aquí». «Yo llamo cada semana diciendo que quiero hablar con ellos, que tenemos problemas con la luz etcétera, etcétera, y nos dicen que ya pasarán esa información a los dueños, pero nunca nos han dado respuesta», relata. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con el fondo en cuestión; sin embargo, las llamadas no han sido respondidas.
Una «enfermedad invisible»
Andrés García, del Sindicato de Inquilinas, señaló que «conocemos a la empresa que compró el edificio y a la de desocupación, y las prácticas son habituales tanto en este caso como en otros. Han contratado a una empresa que actúa al margen de la ley para echar a unos vecinos y vamos a luchar contra eso». Su función, apunta, es la de dar apoyo a los vecinos, «que acuden a nosotros con mucho terror», y dar visibilidad al caso de este nuevo bloque en lucha.
También muestran su solidaridad con las afectadas de La Corrada 8 la asociación vecinal del barrio alto. «Es la primera vez que una vecina nos viene a comunicar y a pedir ayuda, pero ni mucho menos es el primer caso en el barrio de vecinos y vecinas que se tienen que ir o bien por fondos que no llegamos a saber o bien por compras o ventas de un día para otro, alquileres que se terminan de un día para otro y subidas de precio inasumibles», expuso Carla Petrelli, vocal del colectivo. «Es una enfermedad invisible. La gente va desapareciendo. Vas viendo que hay menos vecinas por la calle y de repente te preguntas por qué, y es por casos como el de ella. Lo que pasa es que tuvo el valor de afrontarlo», amplía su compañero Jairo Aranda. «Lo que queremos es vivienda para vivir aquí, vecinos y vecinas, y que esto no sea un escenario de cartón piedra», completa Petrelli.
