Las leyes permiten mantener la vicealcaldía y el escaño, pero establecen importantes restricciones económicas
El salto de Ángela Pumariega al Congreso de los Diputados abre un nuevo escenario político en el Ayuntamiento de Gijón. La actual vicealcaldesa y candidata del Partido Popular por Asturias para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha manifestado este lunes su intención de mantener su puesto en el Gobierno municipal de Carmen Moriyón y, al mismo tiempo, ocupar un escaño en Madrid. La legislación permite compatibilizar ambas responsabilidades, pero establece límites respecto a los sueldos y las dietas que podría percibir.
La principal cuestión económica está en su actual remuneración municipal. Según los datos publicados sobre las retribuciones del Ayuntamiento de Gijón, Pumariega tiene asignado un salario bruto anual de 65.428,08 euros, equivalente a 4.673,43 euros mensuales en catorce pagas. Una cantidad que no podría seguir percibiendo si obtuviese su acta de diputada y mantuviese simultáneamente sus responsabilidades municipales.
La clave se encuentra en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Su artículo 157 establece que el mandato de diputados y senadores se ejerce en régimen de dedicación absoluta. Por su parte, el artículo 158 regula las incompatibilidades económicas y limita la percepción simultánea de remuneraciones con cargo a los presupuestos públicos, aunque contempla excepciones para determinadas dietas e indemnizaciones correspondientes a actividades compatibles.
Si Pumariega consiguiese su escaño, las retribuciones tomadas como referencia para el Congreso de los Diputados le permitirían percibir una asignación mensual de 3.366,99 euros brutos. A esa cantidad se añadirían otros 2.162,85 euros mensuales en concepto de indemnización por representar a una circunscripción distinta de Madrid.
En total, 5.529,84 euros mensuales entre asignación e indemnización, sin contar posibles complementos por responsabilidades parlamentarias ni las pagas extraordinarias correspondientes. La indemnización está destinada a sufragar gastos derivados de la actividad parlamentaria y se encuentra exenta de tributación, a diferencia de la asignación salarial.
Además, el Congreso cubre determinados gastos de desplazamiento y contempla dietas para viajes oficiales autorizados. Estas compensaciones no equivalen a un segundo salario y están sujetas a las condiciones establecidas por la Cámara.
¿Podría cobrar también del Ayuntamiento de Gijón?
La respuesta es afirmativa, aunque únicamente bajo determinadas condiciones. El artículo 75.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los concejales que no desempeñan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva ni parcial pueden percibir asistencias por acudir efectivamente a las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte.
Esto permitiría a Pumariega cobrar las cantidades fijadas por el Pleno gijonés por su asistencia a reuniones municipales, siempre que tuviese derecho a ellas y que la actividad fuese declarada compatible. También podría recibir indemnizaciones por gastos efectivos y justificados.
No obstante, el importe que podría ingresar por esta vía dependería del régimen de asistencias vigente en Gijón y del número de sesiones a las que acudiese. Por tanto, no es posible determinar todavía una cifra anual definitiva.
La Comisión del Estatuto de los Diputados mantiene como criterio que el desempeño de cargos representativos locales puede ser compatible con el mandato parlamentario, siempre que no perjudique la dedicación a las tareas del Congreso y no implique una remuneración municipal fija incompatible.
Además, el artículo 160 de la LOREG obliga a los parlamentarios a declarar sus actividades e ingresos. El Pleno del Congreso es el órgano competente para resolver las posibles incompatibilidades, a propuesta de la comisión correspondiente. Así, Pumariega no tendría necesariamente que renunciar a la vicealcaldía ni a su acta de concejala. Sin embargo, tendría que adaptar su situación retributiva a las exigencias legales.
