Igualdad Animal sostiene que una explotación ganadera de Navia utilizaba descargas eléctricas para evitar que los animales defecasen en la zona de descanso y critica que, tras la inspección del Seprona, no consta ninguna sanción ni actuación posterior
Un cable sobre el lomo de las vacas para que, cuando vayan a defecar u orinar, reciban una descarga eléctrica y retrocedan. Es lo que denuncia la Fundación Igualdad Animal en una explotación ganadera de Navia, donde, según la organización, se utilizaba este sistema para evitar que los animales ensuciasen la zona destinada a su descanso. Más de un año después de la denuncia y de la inspección de la Guardia Civil, la entidad asegura que sigue sin tener constancia de que el Principado haya abierto un expediente sancionador.
Las imágenes difundidas por Igualdad Animal muestran el dispositivo, denominado «cable pastor», que entraría en contacto con los animales cuando adoptan la postura para hacer sus necesidades. La organización considera que se trata de una práctica ilegal y reclama explicaciones a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. La denuncia se remonta al 20 de mayo de 2025, cuando la fundación puso los hechos en conocimiento de las autoridades y solicitó la intervención del Seprona. Al día siguiente, agentes de la Guardia Civil de la patrulla de Luarca acudieron a las instalaciones y confirmaron la presencia del mecanismo.
Aunque el cable estaba desconectado durante la inspección, los agentes recogieron en el acta que se utilizaba para provocar descargas eléctricas a las vacas cuando defecaban, obligándolas a hacerlo fuera de la zona destinada a cama. La Guardia Civil advirtió de una posible infracción del Real Decreto 1053/2022, que establece las normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, y remitió el expediente al Principado, competente para actuar en este caso.
Casi once meses para acceder al expediente
Ante la falta de información sobre las medidas adoptadas, Igualdad Animal solicitó en junio de 2025 acceso al expediente administrativo. La ausencia de respuesta llevó a la organización a recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimó su reclamación y ordenó que se le facilitase la documentación. El expediente llegó finalmente el 14 de abril de 2026, casi once meses después de la inspección inicial. Según denuncia la fundación, los documentos no recogían ninguna inspección posterior, ningún procedimiento sancionador ni medidas administrativas destinadas a proteger a los animales tras la actuación de los agentes.
El 28 de abril, Igualdad Animal volvió a dirigirse a la Consejería para solicitar formalmente la apertura de un procedimiento sancionador o una justificación motivada de un posible archivo del caso. El escrito también fue remitido a la Presidencia del Principado, pero la organización asegura que, hasta el momento, no ha recibido una respuesta que aclare qué actuaciones se han llevado a cabo. La gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal, Anna Mulà, ha calificado de «inaceptable» que, más de un año después de la intervención del Seprona, la Consejería siga sin explicar qué ha hecho para proteger a las vacas. La entidad reclama ahora aclaraciones sobre las actuaciones realizadas, que se compruebe el estado de los animales de la explotación y que se garantice la transparencia en la tramitación del expediente. Mientras tanto, denuncia que sigue sin conocer si el Principado ha tomado alguna medida para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
