La sucesión de enfrentamientos, protestas y agresiones denunciadas en distintas ciudades vuelve a poner el foco en la violencia política
Los incidentes registrados el pasado 21 de octubre en Avilés, tras el mitin protagonizado por Santiago Abascal, han vuelto a situar en el centro del debate la tensión que rodea a determinados actos públicos de Vox. Las cargas policiales, los enfrentamientos entre manifestantes y asistentes y las tres detenciones practicadas en la ciudad asturiana no constituyen un episodio aislado. Durante los últimos meses se han sucedido situaciones similares en distintos puntos de España, desde Galicia hasta Cataluña, en un contexto de creciente confrontación política a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
En Avilés, alrededor de un millar de personas, según estimaciones policiales, participaron en una movilización convocada por Asturies Antifascista contra la presencia del líder de Vox. La protesta se desarrolló a unos 200 metros del lugar donde Abascal intervenía ante cientos de simpatizantes, bajo un amplio dispositivo de seguridad.
La tensión estalló al finalizar el acto, cuando algunos manifestantes y asistentes al mitin intercambiaron insultos y objetos. Los antidisturbios intervinieron para impedir un enfrentamiento directo y la jornada terminó con tres detenidos, uno de ellos menor de edad. Los dos adultos quedaron posteriormente en libertad provisional, investigados por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos.
A Coruña, otro escenario de graves disturbios
Ese mismo 21 de octubre, Santiago Abascal protagonizó otro acto especialmente conflictivo en A Coruña. Unas 5.000 personas, según la Policía Nacional, se concentraron en las inmediaciones de la plaza de María Pita para protestar contra la presencia del dirigente político.
Los incidentes comenzaron cuando parte de los concentrados se enfrentaron al dispositivo policial, con lanzamientos de piedras, sillas y petardos. Los agentes realizaron cargas y utilizaron material antidisturbios para dispersar a los participantes más violentos.
El balance inicial fue de dos detenidos, doce policías lesionados, varios manifestantes heridos y dos periodistas alcanzados por objetos. Las imágenes de los enfrentamientos circularon ampliamente durante las horas posteriores, reflejando la intensidad de unos disturbios que obligaron a desplegar un importante dispositivo de seguridad.
Tres ciudades catalanas en una misma jornada
Meses antes, el 23 de abril, las carpas informativas instaladas por Vox con motivo de Sant Jordi también habían sido escenario de incidentes.
La formación denunció agresiones contra militantes y representantes públicos en Barcelona, Sabadell y Mataró. Entre las afectadas, según el partido, figuraban las diputadas Júlia Calvet y Mónica Lora.
En Mataró, la tensión acabó con daños en la estructura de una carpa. Los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir para proteger a los integrantes de Vox mientras desmontaban el puesto e identificaron a varios manifestantes. Los convocantes de la protesta sostuvieron que el enfrentamiento comenzó cuando miembros del partido intentaron retirar una pancarta antifascista.
Vox anunció acciones legales y solicitó una condena institucional de los incidentes, que atribuyó a grupos de extrema izquierda.
Un fenómeno que viene de años atrás
Los antecedentes se remontan a anteriores campañas electorales. En 2021, un mitin de Abascal en Vallecas terminó con graves disturbios, con 35 heridos y cuatro detenidos, mientras que otras convocatorias en Cataluña y el País Vasco también registraron enfrentamientos, lanzamientos de objetos e intervenciones policiales.
La propia formación difundió en septiembre de 2025 un balance de 49 incidentes desde abril de 2023. De ellos, 32 estaban relacionados con militantes y mesas informativas, 14 correspondían a ataques contra sedes y otros tres afectaban a bienes materiales. Se trata, en cualquier caso, de cifras recopiladas por el propio partido y no de un registro policial independiente.
Los episodios recientes muestran una realidad preocupante: la celebración de determinados mítines y actividades informativas requiere importantes dispositivos policiales para garantizar tanto el derecho de participación política como el de manifestación.
Lo sucedido en Avilés ha colocado ahora a Asturias dentro de esa sucesión de incidentes. Un escenario que vuelve a abrir el debate sobre los límites de la protesta, la responsabilidad de los participantes y la necesidad de garantizar que la confrontación política no termine trasladándose a las calles mediante la violencia.
