Somos Asturies señala al exconsejero de Industria por la elección de los terrenos y reclama conocer cuánto dinero público se ha invertido en una estación cerrada desde mayo
La polémica por el futuro de la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Granda, en Gijón, vuelve a situar al Gobierno del Principado de Asturias en el punto de mira. Somos Asturies ha reclamado este lunes explicaciones sobre el dinero público destinado a la adquisición, adaptación y mantenimiento de unas instalaciones que permanecen cerradas desde el pasado mes de mayo y cuya continuidad está ahora en entredicho. La formación exige, además, responsabilidades políticas y solicita la dimisión del exconsejero de Industria y actual presidente de Hunosa, Enrique Fernández.
La diputada autonómica Covadonga Tomé ha anunciado que solicitará formalmente en la Junta General del Principado toda la documentación relacionada con la operación. Entre los expedientes que pretende examinar figuran los contratos de adquisición, las tasaciones del inmueble, los informes técnicos sobre su estado y el desglose de las inversiones realizadas desde que se decidió poner en marcha la estación.
El objetivo, según la formación, es conocer cuánto dinero ha supuesto realmente para las arcas públicas una infraestructura cuyo futuro se encuentra actualmente en el aire.
La situación se ha agravado después de que la empresa pública ITVASA plantease la posibilidad de cerrar definitivamente la estación. Las primeras estimaciones sitúan por encima del millón de euros el coste de las reparaciones necesarias para recuperar su funcionamiento, aunque todavía se está a la espera de un informe técnico detallado que permita determinar el alcance de los problemas y las actuaciones necesarias.
Hasta que se disponga de ese documento, la empresa no adoptará una decisión definitiva sobre la continuidad de las instalaciones.
Uno de los principales puntos de controversia es la elección de la parcela donde se construyó la estación. Somos Asturies sostiene que la operación ya había suscitado dudas durante la tramitación del proyecto, especialmente por las características del emplazamiento y sus accesos.
Covadonga Tomé ha puesto el foco en la responsabilidad del entonces consejero de Industria, Enrique Fernández, al que considera responsable político de una decisión que ahora podría traducirse en nuevas inversiones millonarias o en el abandono de las instalaciones.
La formación cifra en aproximadamente 900.000 euros la adquisición de los terrenos y reclama conocer el coste completo de la operación, incluyendo las posteriores actuaciones de acondicionamiento y las reparaciones que puedan resultar necesarias.
Para Somos Asturies, resulta imprescindible aclarar qué informes respaldaron la elección de esa ubicación, qué alternativas se estudiaron y por qué se mantuvo el proyecto pese a las advertencias que, según denuncia, existían sobre la parcela.
Las alternativas que Gijón ofreció en 2021
El exdiputado autonómico Daniel Ripa ha recuperado las propuestas que el Ayuntamiento de Gijón trasladó al Principado en 2021 para buscar otros emplazamientos para la estación.
Entre las opciones planteadas figuraba una permuta por terrenos municipales situados en el polígono de Lloreda, así como la posibilidad de utilizar suelo de titularidad autonómica en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA).
«Se pudo rectificar antes de las obras y se decidió seguir adelante», ha afirmado Ripa, que considera que el Gobierno autonómico tuvo oportunidades para reconsiderar la ubicación antes de ejecutar la inversión.
El exparlamentario también ha cuestionado las circunstancias de la adquisición de la parcela y ha sostenido que la operación benefició a una cooperativa que, según sus declaraciones, estaría vinculada a responsables socialistas. Se trata de una acusación política formulada por Ripa cuya veracidad no queda acreditada con la información facilitada.
Una infraestructura con el futuro en el aire
Más allá de las responsabilidades políticas, la principal incógnita es qué ocurrirá con la ITV de Granda. Su cierre desde mayo y la elevada inversión que podría requerir su recuperación han abierto un escenario en el que no se descarta el cese definitivo de la actividad.
Somos Asturies reclama que el Ejecutivo autonómico detalle las alternativas que estudia ITVASA, el presupuesto actualizado de las obras pendientes y los criterios económicos y técnicos que determinarán la decisión final.
La formación insiste en que no basta con conocer cuánto costaría reparar la estación, sino que también es necesario esclarecer cuánto dinero público se ha invertido hasta ahora y quién tomó las decisiones que han desembocado en la situación actual.
La controversia amenaza así con trasladarse nuevamente a la Junta General, donde Covadonga Tomé pretende exigir al Gobierno autonómico una explicación completa sobre una instalación cuya viabilidad está cuestionada apenas unos años después de su puesta en marcha.
