Los procesados reconocen su participación en una trama que explotaba a mujeres en pisos de Mieres, Oviedo, León y Badajoz; los dos principales acusados pasan de afrontar 13 años de prisión a cinco y solicitan la suspensión de la pena
Los seis acusados vinculados a una red de explotación sexual de mujeres han reconocido este jueves los hechos que se les atribuían y han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para rebajar sus condenas. El pacto permite a los procesados evitar, en principio, su ingreso en prisión, al solicitarse también la suspensión de las penas bajo la condición de que cumplan con los pagos de responsabilidad civil. Los dos principales acusados, una pareja a la que se atribuía la organización de la trama, han visto reducidas sus penas de 13 a cinco años de cárcel. La suspensión queda condicionada al cumplimiento de las responsabilidades económicas establecidas.
La investigación situaba el inicio de la actividad en julio de 2019. Según el escrito del Ministerio Fiscal, la pareja alquilaba pisos en Mieres, Oviedo, León y Badajoz desde los que se lucraba con la prostitución de mujeres, principalmente procedentes de Sudamérica, que habían abandonado sus países de origen debido a su precariedad económica y en busca de mejores oportunidades. Las condiciones en las que trabajaban las víctimas eran especialmente restrictivas. De acuerdo con la acusación, debían permanecer disponibles las 24 horas del día y únicamente podían abandonar las viviendas durante 45 minutos diarios. Además, tenían que permanecer en los pisos un mínimo de tres semanas.
El escrito fiscal describe jornadas en las que las mujeres debían atender a numerosos clientes de forma consecutiva, sin tiempo suficiente para descansar. Tampoco podían negarse a prestar servicios alegando enfermedad, cansancio o incluso que tenían la menstruación. La explotación no se limitaba a los pisos. Algunas mujeres eran trasladadas por uno de los acusados a domicilios particulares de clientes, mientras que también se les exigía facilitar sustancias estupefacientes, como cocaína, y viagra a quienes lo solicitasen. La organización mantenía, según la Fiscalía, un control constante sobre las mujeres. Los investigados habían instalado cámaras de videovigilancia en las viviendas y observaban las imágenes a través de sus teléfonos móviles para supervisar lo que ocurría en el interior. Ninguna de las víctimas tenía contrato laboral ni estaba dada de alta en la Seguridad Social. El escrito de acusación recoge además que varias continuaron trabajando durante el periodo de restricciones por la pandemia de covid-19, pese a las limitaciones y al riesgo para su salud.
