Una investigación por los incidentes frente a La Inmaculada desencadena arrestos de dirigentes ultraderechistas
La operación policial contra Núcleo Nacional, iniciada a raíz de los altercados registrados el pasado mes de febrero en las inmediaciones del Colegio de la Inmaculada de Gijón, ha adquirido una dimensión nacional. La Policía Nacional ha detenido a 14 personas relacionadas con la organización ultraderechista en distintas ciudades españolas, entre ellas tres en Gijón, y ha practicado diez registros en siete provincias. Entre los arrestados figuran varios de los principales dirigentes del colectivo, que había ganado notoriedad por sus movilizaciones contra la inmigración y su participación en las protestas de Ferraz.
La investigación, desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, ha desembocado en registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. Uno de los principales objetivos del dispositivo ha sido la sede central de Núcleo Nacional en Madrid, donde los agentes han intervenido abundante documentación y material relacionado con la organización. Según las informaciones difundidas por distintos medios, también se habrían localizado armas, aunque todavía no ha trascendido un inventario oficial de los objetos incautados.
Entre los detenidos se encuentran algunas de las caras más reconocibles de la extrema derecha española. Diversas informaciones periodísticas identifican a Iván Rico Olivares, portavoz y uno de los principales responsables de Núcleo Nacional; su hermano David Rico Olivares; Isabel Medina Peralta, conocida por su actividad en círculos neonazis; Enrique Lemus, antiguo dirigente de Democracia Nacional y presidente de Noviembre Nacional; y Alberto González de Juan, conocido artísticamente como Alberto Pugilato, músico vinculado a la extrema derecha.
Gijón, el origen de una investigación de alcance nacional
El punto de partida de esta operación se encuentra en los incidentes ocurridos en febrero de 2026 junto al Colegio de la Inmaculada. Núcleo Nacional había convocado una concentración relacionada con la polémica sobre la retirada del monumento a los Héroes de Simancas, situado en las proximidades del centro educativo. Durante aquella jornada se produjeron altercados y varios jóvenes denunciaron haber sido agredidos.
Las primeras actuaciones estuvieron vinculadas a la Fiscalía de Menores, pero las pesquisas terminaron ampliándose hasta alcanzar a la estructura nacional de la organización. La magistrada titular de la plaza número 4 de Instrucción de Gijón, en funciones de sustitución de la plaza número 1, autorizó las entradas y registros que han permitido desarrollar el operativo en diferentes puntos del país.
Según la información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, siete de los diez primeros arrestados formarían parte de la cúpula de Núcleo Nacional. Los investigados deberán comparecer ante la autoridad judicial en Gijón, previsiblemente este domingo, 8 de noviembre.
Los delitos investigados son incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas. La operación permanecía abierta durante la tarde del viernes y las autoridades no descartaban nuevas detenciones. Por el momento, tampoco ha trascendido públicamente la identidad de los tres arrestados en Gijón ni su posible participación individual en los incidentes que originaron la causa.
Una manifestación suspendida y el futuro de la organización
Las consecuencias de la operación policial también se han trasladado a la actividad pública de Núcleo Nacional. La organización tenía previsto celebrar este sábado una manifestación en Madrid, con salida desde la Plaza de España y destino a las inmediaciones de la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz. Sin embargo, tras conocerse las detenciones, anunció la suspensión de la convocatoria.
Núcleo Nacional figura inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior y había impulsado también una marca política, Noviembre Nacional, registrada como partido. Esta circunstancia abre interrogantes sobre el futuro de ambas estructuras, aunque su eventual suspensión o disolución requeriría una resolución judicial motivada.
El Ministerio del Interior ya había reconocido anteriormente que la legislación vigente limita las posibilidades administrativas de impedir la inscripción de organizaciones vinculadas a la extrema derecha.
Mientras tanto, todas las miradas se dirigen ahora a Gijón, donde se centraliza una investigación que comenzó con unos incidentes junto a un colegio y que, meses después, ha terminado alcanzando a buena parte de la dirección de una organización ultraderechista con presencia en diferentes puntos de España.
