El Gobierno autonómico quiere que los visitantes contribuyan a financiar los servicios municipales, mientras la oposición advierte de sus consecuencias para el turismo
Asturias avanza hacia la implantación de una tasa turística que permitirá a los ayuntamientos cobrar un recargo por las estancias de los visitantes. El Gobierno del Principado ha defendido este lunes el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Estancias Turísticas, una iniciativa que ha generado un intenso debate político y que, de aprobarse, dejará en manos de cada municipio la decisión de aplicar o no este nuevo tributo.
La consejera de Presidencia, Reto Demográfico e Igualdad, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, han comparecido ante la Junta General para explicar una propuesta que el Ejecutivo autonómico considera necesaria para garantizar que el crecimiento del turismo contribuya a financiar los servicios públicos.
Llamedo ha insistido en que el impuesto responde a un modelo de corresponsabilidad, en el que los visitantes colaboren económicamente con los municipios que soportan una mayor presión turística. La consejera ha planteado a la Cámara si resulta razonable que los costes derivados de esa actividad recaigan exclusivamente sobre los residentes.
«Que ese coste lo paguen solo los asturianos» o que también contribuya «quien nos visita», ha planteado la responsable autonómica, que ha defendido la necesidad de proteger la convivencia y evitar los efectos negativos de la masificación.
Por su parte, Guillermo Peláez ha explicado que la norma contempla una bonificación del 100% de la cuota autonómica, de manera que únicamente pagarían el recargo los visitantes de aquellos municipios que decidieran establecerlo voluntariamente. Además, el Ente de Servicios Tributarios del Principado asumiría la gestión del impuesto para facilitar su aplicación a las entidades locales.
La oposición cuestiona el impuesto y advierte de sus consecuencias
La propuesta ha provocado el rechazo de buena parte de la oposición. Desde el Partido Popular, la diputada Sandra Camino ha asegurado que Asturias no presenta un problema de masificación turística que justifique la creación de una nueva carga fiscal.
Camino ha criticado que se incremente la presión sobre visitantes y establecimientos hoteleros cuando, a su juicio, el Ejecutivo autonómico todavía debe mejorar la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas al turismo.
«Antes de inventar nuevos impuestos, estaría bien que empezaran por cumplir con sus propios objetivos como Gobierno y aprendan a gastar los 50 millones presupuestados en la Consejería de Turismo», ha afirmado.
Vox también ha anunciado su oposición. Su diputado Gonzalo Centeno ha calificado la iniciativa como un «fraude a la normativa fiscal» y ha advertido de las dificultades administrativas que podría ocasionar a las pequeñas y medianas empresas turísticas.
En una línea similar, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha considerado innecesaria la tasa y ha defendido que existen mecanismos alternativos para financiar los municipios turísticos. Pumares ha recordado que el sector genera unos 475 millones de euros en recaudación, mientras que los recursos que llegan a las entidades locales resultan, en su opinión, insuficientes.
PSOE e IU defienden la medida para proteger el destino turístico
Desde el PSOE, la diputada Lidia Fernández ha respaldado la tramitación del proyecto, destacando su carácter voluntario y la posibilidad de introducir exenciones entre octubre y mayo para favorecer la desestacionalización.
Fernández ha defendido que el objetivo es garantizar la sostenibilidad del modelo turístico asturiano y mantener una oferta «razonable y pequeña», capaz de preservar los servicios públicos y los espacios que disfrutan los visitantes.
Por su parte, la diputada de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes ha apoyado el impuesto como herramienta para financiar actuaciones relacionadas con la recogida de residuos, la limpieza y el salvamento en playas durante los periodos de mayor afluencia.
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No obstante, Campomanes ha señalado que su formación preferiría un tributo autonómico obligatorio para evitar diferencias entre concejos.
Desde el Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé también ha defendido la implantación de una tasa turística, aunque ha reclamado un debate más amplio sobre justicia fiscal, soberanía municipal y protección del territorio.
El futuro del impuesto dependerá ahora de su tramitación parlamentaria. Si finalmente sale adelante, serán los propios ayuntamientos asturianos quienes tengan la última palabra sobre su aplicación, abriendo la posibilidad de que algunos destinos cobren a los turistas mientras otros mantengan las estancias sin este recargo.
