El decreto avalado por el Congreso también incorpora nuevas bajas y triplica el anticipo máximo del fondo público que cubre el impago de alimentos

Las parejas con hijos en común que nunca se inscribieron como pareja de hecho podrán acceder a la pensión de viudedad si acreditan que convivieron de forma estable durante al menos los dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El cambio forma parte del real decreto-ley que la Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles, 18 de noviembre, con 63 votos a favor y seis en contra. La norma también amplía la protección de las familias que reducen su jornada para cuidar a una persona con cáncer u otra enfermedad grave.
En las parejas con hijos en común, la Seguridad Social dejará de exigir la inscripción en un registro o la formalización de la relación mediante documento público. La convivencia deberá haber sido ininterrumpida y se acreditará con el certificado de empadronamiento. El acceso a la pensión seguirá sujeto a los demás requisitos previstos en la normativa.
«Para las parejas con hijos en común, el cambio está en cómo se acredita la relación. El empadronamiento permite demostrar los dos años de convivencia inmediatamente anteriores al fallecimiento, aunque la pareja nunca se haya inscrito», explica Adrián Rivas, letrado asturiano de Servanda Abogados.
El decreto también abre una vía para quienes perdieron a su pareja antes del 21 de octubre de 2026 y quedaron sin pensión. Si reúnen las condiciones previstas en la reforma, disponen de doce meses desde su entrada en vigor para presentar la solicitud.
«En los fallecimientos anteriores a la reforma conviene distinguir dos fechas. El plazo para presentar la solicitud empieza con la entrada en vigor del decreto y, si se reconoce la pensión, el cobro tiene efectos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud», afirma Rivas.
La prestación por cuidados podrá continuar después de los 26 años
La prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME, compensa la pérdida de ingresos de quienes reducen su jornada laboral al menos a la mitad para prestar esos cuidados. Con la reforma, la ayuda podrá mantenerse después de los 26 años si la persona atendida tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 65 % o una dependencia de grado III y se cumplen los demás requisitos.
El decreto también permite que ambos progenitores perciban la prestación de forma alterna o simultánea si los dos reúnen las condiciones. Cuando la cobren al mismo tiempo, cada uno recibirá el 50 % de su propia base reguladora por contingencias profesionales, con independencia del porcentaje de jornada que reduzca. La medida se aplica también a quienes ejercen la guarda con fines de adopción o el acogimiento permanente.
La norma incorpora dos situaciones especiales de incapacidad temporal. Una cubre las patologías asociadas a la menopausia que impidan trabajar y la otra, las lesiones derivadas de la violencia de género que incapaciten para el trabajo. En ambos casos, la prestación se percibirá desde el día siguiente a la baja y se elimina el requisito de un periodo mínimo de cotización.
El texto también refuerza la protección por orfandad cuando la madre fallece como consecuencia de la violencia contra la mujer y eleva de 100 a 300 euros mensuales el anticipo máximo por beneficiario del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, defendió la urgencia de la reforma por su impacto en familias vulnerables. PP y Vox cuestionaron que el Ejecutivo recurriera al decreto-ley con las elecciones generales ya convocadas. El PP apoyó finalmente la convalidación y Vox votó en contra.



