La Guardia Civil ha contabilizado 438 móviles obtenidos de forma fraudulenta

Las primeras denuncias llegaron cuando una compañía telefónica empezó a reclamar a varios clientes el pago de facturas por productos y servicios que aseguraban no haber contratado. Aquellas reclamaciones, presentadas en Santa Marta de Tormes (Salamanca), dieron origen a la operación Ringsa, con la que la Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización dedicada a utilizar datos de terceros para conseguir dispositivos electrónicos. Asturias figura entre los territorios donde se ha concentrado el fraude.
La investigación se ha saldado con seis detenidos y ocho investigados por su presunta participación en delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación. Los agentes han contabilizado 394 identidades usurpadas, 335 contrataciones fraudulentas de instalaciones y 165 líneas de telefonía prepago obtenidas en el marco de la trama. La mayoría de los 438 aparatos eran teléfonos móviles, aunque también figuran ordenadores, televisores, tabletas y planchas para el pelo.
Instalaciones de fibra que solo existían en el papel
Según la Guardia Civil, los integrantes de la organización se repartían las tareas. Unos utilizaban los datos personales de las víctimas para contratar por teléfono servicios de telecomunicaciones y adquirir los dispositivos asociados. Esas operaciones generaban órdenes de instalación de fibra óptica que figuraban como completadas pese a que los trabajos nunca se habían realizado.
Uno de los investigados trabajaba como instalador y, siempre según las pesquisas, habría rellenado los boletines de instalación siguiendo las indicaciones de otros miembros del grupo. Los agentes localizaron dos domicilios de Salamanca vinculados a la actividad investigada. Allí encontraron tarjetas SIM de prepago, aparatos electrónicos todavía precintados y documentación con datos personales, documentos de identidad, direcciones y números de cuentas bancarias.
Parte de la investigación se centró también en dos locutorios de Salamanca de los que procedían muchas de las tarjetas SIM utilizadas en las contrataciones. Los investigadores sostienen que sus responsables habrían facilitado las tarjetas sin realizar las comprobaciones de identidad exigidas. Así, los miembros de la presunta organización habrían conseguido líneas telefónicas que después usaban en las operaciones fraudulentas.
Firmas repetidas y paquetes enviados a otras direcciones
El recorrido de los paquetes abrió otra vía de investigación. Al revisar los registros de varias empresas de mensajería, los agentes detectaron envíos a domicilios donde no vivían las personas que figuraban como destinatarias y justificantes de entrega en los que se repetían las mismas firmas. Esas coincidencias permitieron identificar a varios repartidores y a posibles receptores de los aparatos. La Guardia Civil investiga qué papel pudieron desempeñar en la recepción y distribución de los productos.
Aunque las primeras denuncias se presentaron en Salamanca, la Guardia Civil ha identificado víctimas en buena parte de España. Además de Asturias, los investigadores sitúan la mayor parte de la actividad detectada en Cantabria, Madrid, Valencia, Málaga, Murcia, Córdoba, Zamora, Canarias y Salamanca. El valor de los dispositivos obtenidos fraudulentamente asciende a 203.133 euros, según el balance de la operación.



