Casi uno de cada cuatro expedientes del sistema Cometa fija un perímetro de hasta 350 metros, frente a los 500 que aconseja el protocolo

Las pulseras antimaltrato vuelven a situarse en el centro del debate en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con los fondos comunitarios destinados al sistema de vigilancia y, al mismo tiempo, el último informe del centro de control Cometa contabiliza 1.415 expedientes con órdenes de alejamiento de hasta 350 metros. Esa cifra representa cerca de una cuarta parte de los 5.817 expedientes abiertos.
El sistema permite vigilar el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación dictadas en procedimientos por violencia de género y violencia sexual. La autoridad judicial decide si la medida se controla por vía telemática y fija el perímetro de alejamiento. El Ministerio de Igualdad contrata el servicio a una empresa privada, que se encarga de instalar, monitorizar y retirar los dispositivos. El seguimiento busca proteger a las víctimas, documentar posibles quebrantamientos y disuadir a la persona sometida a la medida.
Dos recomendaciones para el perímetro de alejamiento
El informe de Cometa, publicado por El País y confirmado a Europa Press por fuentes gubernamentales, recoge 25 expedientes con distancias inferiores a 100 metros, 139 con perímetros de entre 100 y 199 metros y otros 1.251 en la franja de 200 a 350 metros. La distancia más habitual es de 500 metros, fijada en 3.935 expedientes, mientras que otros 383 la superan.
Los técnicos de Cometa señalan que el protocolo aconseja una distancia de al menos 500 metros para mejorar la eficacia del sistema. Por su parte, el fabricante recomienda un mínimo de 350 metros para favorecer el funcionamiento de la localización por GPS. En febrero, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, trasladó al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía que los perímetros inferiores a 350 metros complican la llegada a tiempo de los agentes ante una aproximación repentina.
Ese margen de reacción centró el debate tras la agresión sufrida en febrero por una mujer de 31 años en Ibiza. Su expareja, que tenía orden de alejamiento, la hirió de gravedad y también agredió a su madre y a su hermana. Igualdad aseguró que el sistema registró y transmitió las señales previstas en el protocolo. La orden fijaba un perímetro de 100 metros y, según el ministerio, esa distancia reducía el tiempo disponible para intervenir.
De los fallos técnicos a la investigación europea
La controversia sobre Cometa estalló en septiembre de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado alertó de absoluciones relacionadas con fallos en los dispositivos y problemas tras el cambio de adjudicataria. En noviembre de ese año, otra incidencia afectó a las llamadas y a las alertas autónomas de proximidad por Bluetooth. Igualdad activó el protocolo de protección de las víctimas y en marzo de 2026 impuso a Vodafone una sanción de 25.285 euros por aquel incidente.
En enero, el Gobierno aprobó una nueva licitación de más de 71 millones de euros para renovar la gestión del servicio hasta 2029. En septiembre, el Tribunal de Cuentas detectó «graves deficiencias» en la contratación y el seguimiento del sistema y reclamó que la calidad de la prestación sea prioritaria en un servicio destinado a proteger a las víctimas.
El pasado 12 de noviembre, la Fiscalía Europea anunció una investigación por un presunto fraude con los fondos de la Unión Europea destinados a los dispositivos. Las diligencias, dirigidas desde Madrid con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, incluyeron actuaciones para recabar documentación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas.



