La medida se vendió como una conquista de los derechos sociales, pero la realidad es que va a costar miles de puestos de trabajo. Este es el motivo principal por el que los repartidores a domicilio de Gijón (y el resto de España) se oponen a la conocida como Ley Rider. Los aproximadamente 30.000 riders del país dejarán de ser falsos autónomos para convertirse en asalariados. Sin embargo, el descontento es prácticamente unánime. Gonzalo García Mata, delegado de APRA, la Asociación Profesional de Riders Autónomos, es rider en Gijón desde hace casi 4 años y está totalmente convencido: «Esto va a traer más problemas que soluciones«. Nos cuenta el porqué.
Las consecuencias de la nueva Ley Rider
Entre 2015 y 2017 llegan a España las empresas de reparto de bienes y comida a domicilio. Glovo, Deliveroo y UberEats se convierten en las principales plataformas que implantan un modelo laboral en el que los repartidores son autónomos. Defienden la flexibilidad total de sus colaboradores, los ’riders’, que pueden diseñar su jornada con total libertad y trabajar las horas que mejor les convenga. Sin embargo, algunos trabajadores, los sindicatos y numerosos expertos en derecho laboral empiezan a cuestionar la verdadera autonomía de los repartidores. Así surge el colectivo Riders X Derechos y el comienzo de unas negociaciones que han dado como fruto la Ley Rider. Una ley que no contenta ni siquiera a sus impulsores.
Para García Mata la principal consecuencia de la misma será «la pérdida significativa de empleos«. Y desde Riders X Derechos comparten su misma opinión. Tal y como aseguran en un comunicado, «el proceso de laboralización se realiza abruptamente sin garantizar la permanencia de los actuales trabajadores». Además, dudan del criterio de las empresas para convertir responsablemente a todos los falsos autónomos en empleados.
Un ejemplo de lo que puede ocurrir es lo que ya sucedió en Ginebra. El 1 de septiembre de 2020 UberEats se vio obligada a cambiar su modelo de operación en esta ciudad, y a asalariar a todos sus trabajadores. El efecto inmediato de este cambio fue la pérdida de trabajo del 77% de los repartidores, que pasaron de ser 1.300 a solo 300.
La otra consecuencia será la precariedad laboral. La mayoría de los contratos pasarán a ser de 15 horas y por un sueldo de 400 euros, ya que «viernes, sábado y domingo en horario de comidas y cenas es cuando se concentra la mayor parte de la demanda». Los que más suerte tengan podrán acceder a un sueldo de 1.180 euros brutos (apenas 1.000 euros netos) a través de una subcontrata o Empresa de Trabajo Temporal, con jornadas de 40 horas a la semana, un solo día de descanso, usando su vehículo personal y con contratos laborales renovables cada quince días.
Gonzalo García lamenta que volverán viejos fantasmas de empleos del pasado y que tocará volver a hacerse preguntas como «¿Me renovarán este mes?» o «Están echando a gente, ¿me tocará a mi?». Por ello, asegura que de los 150 riders que recorren las calles de Gijón, «solo hay 3 que estén contentos con esta nueva ley. El resto estamos en contra».
¿A quiénes afecta la Ley Rider?
El coronavirus disparó la demanda de comida y otros envíos a domicilio a través de plataformas de entrega inmediata. Las ventas de bares y restaurantes se desplomaron cerca de un 40% en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria. Sin embargo, la pandemia revitalizó el mercado del envío de comida a domicilio y lo hizo crecer más de un 66% el pasado año, según datos de un informe publicado por la consultora Kantar.
No hay duda de que los repartidores serán los primeros afectados por la Ley Rider. Pero no los únicos. Para García Mata «muchos de los restaurantes que durante la pandemia ofrecieron un servicio delivery dejarán de hacerlo porque al disponer de menos riders dejará de merecerles la pena». Además, asegura que el consumidor también padecerá las consecuencias, ya que ese menor número de repartidores «supondrá un mayor tiempo de espera por el pedido». A su juicio, «los únicos ganadores son sindicatos, la Ministra de Empleo y las ETT».
Lo cierto es que los repartidores a domicilio llevan meses manifestándose en las principales ciudades de todo el país (también Gijón y Oviedo) y han hecho llegar numerosas solicitudes de reunión. Sin embargo, «no se nos ha tenido en cuenta para nada». El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana el Real Decreto-Ley que regula sus condiciones laborales. Su única esperanza ahora es que no sea consolidado. Lo que Gonzalo García tiene claro es que «el delivery tal y como lo conocemos hoy en día muere con esta ley».
Esclavos pidiendo ser azotados! Libertad o cadenas? Cadenas cadenas! Dadnos cadenas! Así nos va. Yo les pediría a los raiders que renuncien también a la sanidad, educación, justicia gratuita, derecho al voto, a circular por las calles que pagamos todos , etc y cualquier beneficio de nuestra sociedad. Si quieren liberalismo que lo asuman con todas las consecuencias