«Los arrendadores cada vez exigen más garantías de cobro, lo que aumenta el riesgo de exclusión residencial. En este sentido las ayudas que el Ayuntamiento concede a través de la Empresa de la Vivienda, son esenciales»
Unas 7.000 viviendas de Gijón están vacías y más de 14.000 infrautilizadas. Es uno de los datos que recoge un informe de la Universidad de Oviedo que ha encargado el Ayuntamiento como punto de partida de un nuevo intento de activar iniciativas que pongan en el mercado más pisos de alquiler para abaratar las rentas. Para garantizar la fiabilidad, han utilizado el consumo eléctrico como principal indicador. El profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, José Pablo Calleja, que ha dirigido el trabajo, apuesta por el control del recibo de la luz como principal pista, la que le ha llevado a establecer cifras: 15.000 pisos registran un bajo consumo. La mitad aproximadamente, porque están vacías; el resto porque se trata de segundas residencias que solo se utilizan en vacaciones. Con los números en la mano, lo que toca, dice Calleja, es activar políticas que permitan abaratar los alquileres.
Y es que Gijón es la ciudad más cara de Asturias para alquilar una vivienda. 576 euros mensuales es el precio medio de los arrendamientos y no es posible encontrar ningún piso por debajo de los 350 euros al mes de renta. Además, los arrendadores cada vez exigen más garantías de cobro, lo que aumenta el riesgo de exclusión residencial. En este sentido las ayudas que el Ayuntamiento concede a través de la Empresa de la Vivienda, son esenciales.
El trabajo de investigación da por hecho un aumento de los desahucios en Gijón, una vez finalizadas las medidas de suspensión de lanzamientos y platea una serie de propuestas para cambiar algunas de las tendencias que se observan en el mercado del alquiler inmobiliario en la ciudad: controlar la escalada de precios de alquiler; el aumento de la oferta de viviendas en este régimen; reforzar las garantías y seguridad de los propietarios; movilizar la vivienda vacía mediante incentivos fiscales y gravámenes; e incrementar el parque de vivienda pública en alquiler. También se sugiere crear mecanismos de registro de morosos, contratos y fianzas, así como un registro de viviendas vacías de obligada inscripción a sociedades anónimas y limitadas.
El artículo 47 de la Constitución reconoce el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», pero no le asigna carácter de derecho fundamental vinculante, sino de principio rector para los poderes públicos, quienes «promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes» para hacerlo efectivo.
La cuestión es clave para analizar y buscar soluciones a la grave crisis residencial provocada por la burbuja inmobiliaria y agravada por la crisis que ha generado la pandemia. En la última década se han producido en España más de 650.000 desahucios, a razón de 180 diarios y 65.000 anuales.
Gijón es la cuarta ciudad de Asturias con mayor renta per cápita con 18.988 euros. El presupuesto municipal, actualmente prorrogado, asciende a 233 millones. Resumen: existen suficientes recursos para garantizar que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, pero con un matiz muy importante: el derecho a la vivienda no puede depender del estado de la cuenta corriente. Claro que es necesario preservar los derechos de los propietarios, pero en este esfuerzo social todos debemos poner el esfuerzo que permita a los más indefensos contar con las suficientes garantías para no quedarse en la calle por no poder pagar un alquiler, el recibo de la luz o el agua. Es cuestión de política, pero también de concienciación social, de esa empatía con la que prometimos que saldríamos de esta pandemia. Que tengan un buen verano.