La concejala Marina Pineda ha advertido que habrá prórroga presupuestaria si el Ayuntamiento pierde 12 millones por la sentencia del TC que tumba cómo calcular este impuesto
Gabriel Cuesta
El mazazo que supone la anulación de la plusvalía municipal para las arcas municipales es contundente, hasta el punto de poner en riesgo la materialización de los Presupuestos de Gijón para 2022. De confirmarse la anulación total por parte del Tribunal Constitucional de algunos de los artículos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la ciudad perdería 12 millones de euros en ingresos que contempla el borrador de las cuentas. «No tenemos una sentencia definitiva, pero en caso de que se anule el artículo 107 de forma íntegra, habría que acudir a prórroga presupuestaria al no cumplirse la regla del ahorro neto positivo», ha reconocido este martes la concejala de Hacienda Marina Pineda.
Este apartado al que hace referencia la edil es el que señala cómo calcular el gravamen. Algo que el TC ha considerado la semana pasada anticonstitucional, porque estima que «siempre se produce una revalorización del terreno» y calcula la base imponible en base a ese supuesto. Ahora el Ayuntamiento está a la espera de que se conozca la sentencia definitiva. Una publicación que, de demorarse en el tiempo, podría trastocar el calendario previsto. El Consistorio continuará con su hoja de ruta inicial a pesar de que algunas formaciones como Ciudadanos solicitaran paralizarla hasta conocerse los detalles de la sentencia. «Lo seguiremos presentando a los consejos de distrito y agentes sociales. Por respeto. Se merecen una explicación de lo que está pasando y, además, de paralizarlo solo conseguiríamos acumular más retraso», ha respondido Pineda.
«Incógnitas»
La previsión del Ayuntamiento es presentar el borrador en la Junta de Gobierno local el próximo 16 de noviembre. Sin embargo, ese trámite podría retrasase en el caso de que no exista una resolución estatal al respecto de la plusvalía municipal. «Esperemos que el Estado responda lo antes posible y se solventen incógnitas«, ha concluido la concejala. Este gravamen supone uno de los ingresos más importantes para los ayuntamiento junto con el IBI. La sentencia del TC de la semana pasada es la tercera vez que falla contra este cálculo. En los próximos días se conocerá la sentencia definitiva.
