El objetivo es ampliar el ámbito de actuación en edificios con una antigüedad igual o superior a 50 años
El Gobierno local ha presentado una proposición plenaria para instar al Gobierno del Principado a modificar el Decreto 29/207 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro General de Informes. Lo hace tras el accidente sucedido el pasado 5 de enero en el que dos trabajadores perdieron la vida al realizar reparaciones en el colegio San Vicente de Paúl.
El objetivo es ampliar su ámbito de actuación a aquellos edificios con una antigüedad igual o superior a 50 años, en los que se realicen actividades de carácter público, sea cual sea su titularidad, según una nota de prensa del Consistorio. «La terrible tragedia que vivimos la semana pasada ha reforzado la convicción de que es necesario revisar lo criterios exigidos por la ley para que un edificio de más 50 años tenga que hacer un informe de evaluación del mismo, sea cual sea su titularidad. Hasta ahora la normativa solo recoge esa exigencia para edificios de uso residencial, es decir viviendas», señalaba esta mañana la concejala de Urbanismo, Dolores Patón.
«El Ayuntamiento carece de instrumentos para controlar el estado de conservación»
Por su parte, el Ayuntamiento, desde donde se desarrolla un mantenimiento preventivo de los edificios municipales, reforzará también estas revisiones, sistematizando el mantenimiento y planificando las tareas de conservación, además de que realizará inspecciones técnicas de los mismos, con la periodicidad que se establezca. En la misma línea, se ha encargado al Servicio de Arquitectura y Mantenimiento que elabore un primer listado de aquellas instalaciones que puedan presentar algún problema estructural que exija su reparación.
También se elaborará un catálogo un catálogo que recoja todas las instalaciones municipales con indicación de su antigüedad, estado, problemas de conservación, necesidades de actuación y otros, lo que permitirá priorizar actuaciones a realizar en aquellos edificios que presenten problemas estructurales, según criterios objetivos.
Patón, asimismo, ha señalado que, dado que el Ayuntamiento carece de instrumentos para controlar el estado de conservación de los edificios de titularidad privada y uso público, más allá de aquellos en los que el mal estado resulte muy evidente y genere un riesgo inminente para las personas, es necesaria la revisión de las normas autonómicas para poder ampliar los ámbitos de actuación.
