La mujer, de avanzada edad, no sabe leer ni escribir, tiene déficit visual de importancia, no cuenta con capacidad para la toma de decisiones de tipo económico y, debido al deterioro cognitivo que padece, necesita ayuda de terceros
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de dos acusados de estafar más de 20.000 euros a una mujer de avanzada edad que no sabe leer ni escribir, con déficit visual de importancia, sin capacidad para la toma de decisiones de tipo económico y que, debido al deterioro cognitivo que padece, necesita ayuda de terceros.
La vista oral está señalada para este lunes, en el Jugado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 10.00 horas. El Ministerio Fiscal sostiene que la mujer, nacida en 1947, presenta desde el punto de vista psicopatológico un deterioro cognitivo leve-moderado, así como otras patologías de tipo físico por las que sigue tratamiento.
Presenta también un déficit visual de importancia. No es capaz de leer ni escribir y precisa de ayuda de terceras personas para la correcta administración de su persona y sus bienes. Desde el punto de vista psicopatológico, su enfermedad afecta parcialmente a su voluntad e inteligencia, careciendo de capacidad para la toma de decisiones económicas.
La acusada había desempeñado labores como asistenta a domicilio, cuidando y apoyando a la mujer en sus actividades básicas cuando residía en una localidad del concejo de Allande. Al trasladarse de domicilio, en 2014, ya no le correspondía la ayuda a domicilio pero siguió manteniendo relación con ella. De hecho, la víctima cobraba una pensión mensual de 843,40 euros y, del dinero que sacaba del banco todos los meses, entregaba a la acusada 1.500 euros en la creencia de que eran para las labores de asistencia, cuidado y alimentación que realizaba. Cuando había una paga extra, la cantidad que recibía la acusada era de 1.000 euros.
Se aprovechaban de la confianza
Los acusados, sabedores de las limitadas capacidades de la mujer, y aprovechándose de la confianza que ella tenía en la procesada, decidieron aprovecharse de ello para enriquecerse injustamente a su costa, según el fiscal.
Así, aproximadamente en 2014, los acusados sugirieron a la mujer que debía alquilar una vivienda, a lo cual esta accedió. De la búsqueda se encargaron los acusados, encontrándole una en Pola de Allande, por la cual iba a pagar mensualmente 40 euros.
La acusada acordó con el propietario pagar esa exigua cantidad pues, a cambio, se efectuarían una serie de «reformas» en la casa, de cuyo coste se encargaría la mujer y que, además, serían efectuados por el marido de la acusada, el otro procesado. Sin embargo, ni se documentó el contrato de alquiler, ni se estableció por escrito la obligación de la mujer de pagar reforma alguna, ni ella fue informada de que, a cambio de vivir en ese lugar, tendría que asumir el coste de ninguna reforma.
Así, aproximadamente entre noviembre de 2014 y enero de 2015, los acusados comenzaron a realizar una serie de obras o trabajos indeterminados, indefinidos e inespecíficos en la casa que habitaba y que eran ejecutados por el hombre. De esas obras o trabajos, que los propios acusados cifran en 17.790 euros no hay ni documento técnico alguno, ni licencia municipal, ni presupuesto previo, ni contrato entre las partes con sus derechos y obligaciones, importe total o mensual que tendría que pagar la parte contratante, ni plazo de ejecución, ni qué parte correspondería pagar en su caso al propietario de la vivienda. Igualmente, se desconoce el estado que tenía la vivienda antes de su realización.
La mujer solo fue informada por los acusados de que el dueño de la casa había autorizado hacer «reformas» en la casa, aunque no le explicaron -ni por supuesto firmaron- su contenido, duración, forma de pago, calidades* aprovechándose para ello de lo limitado de sus facultades mentales.
Así las cosas, ella siguió entregando a la acusada los 500 euros al mes en la creencia de que esa cantidad era destinada a atenciones personales. No obstante, los acusados, en realidad, detraían para sí -con la excusa del pago por los citados trabajos- unos 350 euros al mes. En enero de 2020, la víctima pudo darse cuenta de que parte del dinero que ella daba a la acusada en concepto de atención personal, en realidad estaba siendo empleado por esta en concepto de pago de las mencionadas «reformas» y acudió a denunciar los hechos, reiterándolo luego en febrero acompañada de su hermano.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa. Solicita que se condene a cada acusado a 2 años y 5 meses de prisión.
