Los sindicatos rechazan una reducción de centros de destino y temen que la plantilla quede a «libre disponibilidad»
Medio centenar de personas se han concentrado este viernes frente al Palacio de Justicia de Gijón, como muestra de rechazo a un empeoramiento de sus condiciones laborales en la Ley de Eficiencia Organizativa que se está tramitando y para reclamar al Ministerio que abra una negociación con los representantes sindicales.
La concentración, que en Asturias se hace en Gijón, se lleva a cabo a la vez en toda España. Por parte de los sindicatos, el coordinador del sector de Justicia de CCOO en Asturias, Daniel Alonso, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que este proyecto de ley supone un cambio «bastante importante» en sus condiciones de trabajo.
Ha recriminado, en este sentido, al Ministerio de Justicia, el que se niega «totalmente» a negociar con los representantes sindicales, de ahí que hayan iniciado movilizaciones.
Entre otras cosas, ha apuntado que esta nueva Ley supone una reducción «drástica» de los centros de destino, ya que cambiaría toda la organización de la oficina judicial. Ha aclarado que ahora son órganos unipersonales, pero con la nueva normativa pasarían a ser un Tribunal de Instancia por cada partido judicial.
Como ejemplo, ha señalado que con la nueva ley se tendría que pedir partido judicial de Gijón, pero podrían mandarte a Villaviciosa o Carreño también al pertenecer a él. «Es totalmente diferente a lo que tenemos ahora», ha insistido.
En Asturias, esta nueva ley afectaría a unos 1.300 trabajadores, de los tres cuerpos generales de la Administración de Justicia; gestión procesal, tramitación procesal y auxilio judicial. En España serían más de 50.000 los afectados.
Ha incidido, además, en que el Ministerio de Justicia les señala que quieren primero aprobar la ley antes de sentarse a negociar. Para los sindicatos, en cambio, si está la ley ya publicada, creen que sería «muy difícil» la capacidad de maniobra.
«Libre disponibilidad»
Por otro lado, ha apuntado que al reducirse los centros de destino, entienden que la plantilla quedaría a «libre disponibilidad», es decir, que podrían mandar a un trabajador a desarrollar unas funciones distintas a las que hace habitualmente y de otro orden jurisdiccional diferente.
Por su lado, Aurelio Azpiazu, del sindicato CSIF, ha considerado que esta ley es un «ataque» contra las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia.
Es por ello, que ha urgido una reunión con el Ministerio de Justicia y que este informe del contenido de las reuniones que tienen sobre este asunto con las comunidades autónomas con esta competencia transferida.
También ha considerado que con la nueva ley, que el Gobierno central prevé que entre en vigor en 2023, se corre el riesgo de que se limiten las personas que pueden hacer guardias.
