La Comisión Europea reacciona a la denuncia presentada por el exdiputado Daniel Ripa, y amenaza al Gobierno nacional con acudir al Tribunal de Justicia de la Unión para que dirima sobre las dudas en torno a la prorrogación del contrato por 29 años
Día de júbilo para quienes abogan por la definitiva supresión del peaje que separa Asturias de Castilla y León a través de la autopista AP-66, a su paso por el Huerna. En especial, para el exdiputado Daniel Ripa. En un gesto que el aludido ha calificado de «histórico», la Comisión Europea ha atendido favorablemente la denuncia que el susodicho presentó en 2021, cuando aún formaba parte de la Junta General del Principado en representación de Podemos, y ha enviado un ultimátum al Gobierno de la nación: como la caseta en cuestión no sea eliminada a la mayor brevedad, el asunto podría acabar en manos del Tribunal de Justicia de la Unión. Así es como el órgano comunitario ha reaccionado a las presuntas irregularidades detectadas en la prórrogas de la concesión del peaje por espacio de 29 años; las mismas que, a su juicio, vulneran las reglas europeas en materia de contratación pública. La medida se extiende también a la AP-9, conocida como ‘autopista del Atlántico’, que enlaza Ferrol, en Galicia, con Portugal, y cuya explotación se prorrogó durante otro cuarto de siglo.
Siempre según lo trasladado por Bruselas, el Ejecutivo español acometió ambas ampliaciones de las concesiones para, posteriormente, venderlas «sin convocar procedimientos de licitación previos, ni publicar un aviso» en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria. En la práctica, tales carencias convierten las concesiones en «modificaciones sustanciales» de las reglas iniciales, siendo, pues, «equivalentes» a la adjudicación de nuevos contratos de concesión. Por tanto, deberían estar sometidos a un «procedimiento de licitación competitivo», de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia. De ahí que la Comisión inste a España a «respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas»… De lo contrario, el Ejecutivo europeo, se reserva el derecho de optar por iniciar la tercera fase prevista, y denunciar al Estado por el incumplimiento de la legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Ni qué decir tiene que entre los partidarios de la erradicación del cobro en la AP-66, la cuestión fue recibida ayer como una buena nueva. Y pocas personas se alegraron tanto como Ripa, quien ayer tachó la medida de «histórica para Asturias«, y vaticinó que «va a ser irreversible«. Por el momento, se desconoce qué acciones adoptará el Gobierno de España, aunque se confía en que tal desconocimiento quede resuelto en los próximos días.
