Los acusados, un hombre y una mujer, sustrajeron al Consejo Insular más de 93.000 euros, se enfrentan a hasta cuatro años de cárcel, y ella, de origen bielorruso, podría ser expulsada de España
Picaresca, latrocinio, engaño, falsedad documental… Son varios los factores, cada cual más pintoresco que el anterior, que se entrelazan en el caso de las dos personas, un hombre y una mujer, que a las diez de esta mañana se sentarán en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, acusadas de haber estafado más de 93.000 euros al Consejo Insular de Ibiza. Un delito que podría llevarles a cumplir penas individuales de hasta cuatro años en prisión, sin obviar las indemnizaciones que, muy probablemente, deberán abonar al gobierno de la isla; más aún, en el caso de la parte femenina, de origen bielorruso, podría ser expulsada de España por un periodo de hasta cuatro años.
El Ministerio Fiscal sostiene que el 11 de mayo de 2018 los acusados abrieron una cuenta en una de las oficinas que la entidad bancaria Ibercaja opera en la ciudad asturiana, a nombre de la mercantil Obras, Promociones y Proyectos del Cantábrico, SL. Dicha compañía, en teoría, se dedicaba a obras de construcción, pero no constaba que tuviera actividad laboral alguna; figuraba como administradora única la acusada y, como socio, el acusado. Posteriormente, el 19 de junio de ese año, ambas personas, concertadas entre sí y, a su vez con otros individuos no identificados, con conocimiento de su carácter fraudulento, enviaron al Consejo Insular, a través del servicio de Correos, un formulario tipo de ficha de terceros, figurando como remitente la unión temporal de empresas (UTE) Iberdex Obras y Servicios, SL e Ibérica Desbroces de Extremadura, SL, que mantenían relaciones laborales con el ente ibicenco. Eso sí, el número de cuenta proporcionado para el abono de los servicios fue el asignado a Obras, Promociones y Proyectos del Cantábrico, SL’, sin ningún vínculo con el Consejo, ni con las compañías de la UTE.
Los frutos no tardaron en recogerse. El 2 de agosto de 2018 se recibieron en la cuenta de Ibercaja, a nombre de tres transferencias por importe de 31.347,02 euros, 40.297,90 euros y 21.375,45 euros, respectivamente, ordenadas por el Consejo Insular , en la creencia de hacerlas en la cuenta de la UTE. Los acusados, con la intención de obtener la disponibilidad de las sumas, confeccionaron y presentaron a la subdirectora de la entidad bancaria, a sabiendas de su falsedad, tres facturas con cargo al Consejo Insular de Ibiza, en las que aparecía como emisor Obras, Promociones y Proyectos del Cantábrico, SL, por servicios supuestamente prestados. Cinco días después, el 7, la mujer ordenó dos transferencias, por importes de 200 y 3.750 euros, con cargo a las sumas recibidas, y con destino a otra cuenta, esta vez abierta en otra entidad en Oviedo, de la que ella era titular, y el otro acusado, autorizado. Al día siguiente ambos se personaron en Ibercaja; la acusada extrajo 85.000 euros en metálico y efectuó una transferencia, por importe de 4.000 euros, a una cuenta de la que era su única titular.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, en concurso medial con un delito de estafa, y solicita que se condene a cada acusado a cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 3.960 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. A mayores, respecto de la acusada, originaria de la República Bielorrusa, se solicita que se sustituya la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en el mismo por un período de ocho años desde la fecha de su salida. En cuanto a la responsabilidad civil, ambos, conjunta y solidariamente, y subsidiariamente Obras, Promociones y Proyectos del Cantábrico, SL, indemnizarán al Consejo Insular de Ibiza con 93.020,37 euros por los pagos realizados, más el interés legal correspondiente.
