Múltiples comunidades de vecinos adelantaron el dinero confiando en la palabra municipal
El año termina y, para decenas de comunidades de vecinos de Gijón, la espera por las subvenciones municipales a la rehabilitación de fachadas vuelve a prolongarse sin fecha cierta. Ocho años después de que se cerrara el programa de ayudas —en diciembre de 2017—, el Ayuntamiento sigue sin aclarar cuántos expedientes continúan pendientes de pago ni qué volumen exacto de deuda mantiene con los propietarios que ejecutaron las obras confiando en la financiación comprometida.
La situación ha vuelto al centro del debate municipal tras conocerse que en las juntas de gobierno de noviembre y diciembre se acordó denegar, revocar o desistir numerosas subvenciones sin que en las publicaciones oficiales consten los motivos. El asunto llegará al próximo Pleno a iniciativa del PSOE, aunque el trasfondo va mucho más allá del pulso político: afecta a cientos de familias que adelantaron miles de euros para rehabilitar sus edificios y que siguen esperando una respuesta.
Las cifras oficiales, lejos de arrojar luz, alimentan la confusión. En julio de 2024, el Ayuntamiento reconocía la existencia de 155 expedientes pendientes por más de 10 millones de euros. En enero de 2025, esa cifra había aumentado a 171 expedientes y 13,5 millones, pese a que desde finales de 2017 no se admiten nuevas solicitudes. Además, los datos tampoco encajan con el informe de traspaso de poderes de 2023, que hablaba de 164 expedientes y más de 14,5 millones de euros pendientes. A día de hoy, nadie ha concretado cuántos quedan realmente ni cuánto dinero falta por pagar.
Mientras las cifras bailan, el problema se cronifica en los barrios. Muchas comunidades acometieron las obras siguiendo las indicaciones municipales para no perder unas ayudas que, sobre el papel, estaban concedidas. Para hacerlo, recurrieron a derramas extraordinarias y a préstamos personales. En algunos casos, las cuotas superan aún los 200 euros mensuales. Vecinos con pensiones ajustadas o ingresos modestos continúan pagando créditos ocho años después, sin haber recibido el ingreso prometido.
El origen del colapso se remonta a años atrás. En 2019, el Ayuntamiento acumulaba 456 expedientes sin tramitar ni pagar —183 de eliminación de barreras, 264 de fachadas y 9 del Plan del Muro de San Lorenzo— por un importe superior a los 42 millones de euros. Durante el mandato 2019-2023 se logró reducir esa montaña de expedientes, abonando cerca de 28 millones y dejando el contador en 164, según datos municipales. Sin embargo, el cambio de gobierno no ha traído una solución definitiva.
El debate presupuestario de 2026 ha reavivado el malestar. Las cuentas municipales no incluyen una partida específica para saldar esta deuda histórica, más allá de cantidades testimoniales, mientras sí consignan fondos para nuevos proyectos, eventos y actuaciones urbanas vinculadas a planes europeos. Tanto Izquierda Unida como la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón han denunciado que se vuelve a relegar el pago de unas ayudas que consideran una prioridad social.
Desde el gobierno municipal, con el forista Jesús Martínez Salvador como concejal de Urbanismo, se ha reiterado en distintas ocasiones la intención de ir incorporando estos pagos a lo largo del mandato. Una promesa que, de momento, no se traduce en créditos concretos ni en un calendario claro.
Así, mientras la ciudad se prepara para despedir el año, a muchas fachadas gijonesas les vuelven a dar las uvas: esperando unas subvenciones que nunca llegan y que se han convertido en símbolo de una deuda enquistada entre el Ayuntamiento y sus vecinos.
